Asesinato de jóvenes en paro agrario de Virú continúa impune

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El pasado diciembre del 2020, trabajadores agroindustriales de la provincia de Virú protestaron en contra de la nueva Ley Agraria, la cual fue aprobada por el Congreso con 58 votos. Lamentablemente en el desarrollo de las protestas perdieron la vida Reynaldo Reyes Ulloa y Kauner Rodríguez de la Cruz, muertes que hasta la fecha se encuentran impunes.

En el seguimiento de este caso, Mar Pérez, abogada de la CNDDHH, señaló que el próximo 30 de noviembre, William Salinas Anastasio, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú estaría planteando la figura de homicidio culposo contra el efectivo policial Víctor Giovanny Bueno Alva, lo que le permitiría recibir una pena mínima de 4 años por haber cegado la vida de estos dos jóvenes.

Como se recuerda, el efectivo fue fotografiado disparando directamente al cuerpo de los manifestantes durante las protestas agrarias que se desataron en aquella oportunidad.

Ante esta posición, los familiares de los manifestantes fallecidos Reynaldo Reyes Ulloa y Kauner Rodríguez de la Cruz (16) expresaron su indignación y exigieron que se le aplique a Bueno Alva la pena de homicidio calificado, lo que conllevaría a que reciba hasta 30 años de prisión.

Asimismo, la abogada señaló que existen varias deficiencias en la acusación fiscal; siendo una de ellas el no haber incluido en la investigación al mando policial a cargo del operativo quien además se encontraba en el lugar de los hechos, tampoco se incorporó al Ministerio del Interior como tercero civil responsable, lo que impediría que los deudos reciban una reparación civil por parte del Estado.

Por su parte, Rosa Siccha, hermana de Reynaldo Reyes pidió que el fiscal de un paso al costado porque se va a cumplir dos años de lo ocurrido y su muerte no puede quedar impune.

“Mi hermano solo estaba reclamando sus derechos, era un joven trabajador con un futuro por delante. El policía tiene que pagar su condena, si ya pasó con mi familiar puede pasar con otros a nivel nacional. Sentimos dolor porque el policía esté libre”, remarcó.

En tanto, Norita De la Cruz, madre de Kauner Rodriguez, exigió justicia por la muerte de su hijo y lamenta el retraso en el proceso de investigación.

“No vemos solución hasta ahora, pedimos que nos apoyen todos porque mi hijo era un menor de edad no era ningún delincuente, la policía lo mató y no fue un accidente”, puntualizo.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exige que se acuse al policía Víctor Bueno por homicidio calificado por el carácter intencional de las muertes y el uso de arma de fuego contra civiles que estaban desarmados.

“De no ser así, el Estado Peruano podría incurrir en responsabilidad internacional, pues las ejecuciones extrajudiciales de manifestantes constituyen graves violaciones de derechos humanos”, señaló Pérez.

Asimismo, exigen que el caso sea trasladado a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, como los casos del 14 N en Lima. Solo de esta forma se garantizará un tratamiento acorde a los estándares internacionales, señalaron.