Las empresas de vigilancia expresaron su malestar ante la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), debido a que desde este año han dejado de emitir carné para el personal operativo y tampoco se puedan programar los cursos de capacitación básica y de perfeccionamiento, requisito indispensable para obtener el referido documento.
Esto además trae como consecuencia que no se pueda gestionar las licencias para portar arma de fuego, lo que viene ocasionando un perjuicio económico a las empresas de seguridad, dado que estos incumplimientos contractuales son sancionados con penalidades por la entidades públicas y privadas con las que contratan.
Esta medida pone en peligro el normal funcionamiento de aproximadamente 1,614 empresas autorizadas para sus actividades de seguridad privada, que cuentan con más de 100 mil vigilantes registrados formalmente (además otras casi 30 mil de manera particular), que prestan servicios en entidades públicas (ministerios, sedes judiciales y fiscales, entre otros), así como colegios particulares y organismos privados.
La SUCAMEC, informó que de conformidad con lo dispuesto por la Ley N.° 31615, desde el 15 de enero entró en vigencia el Decreto Legislativo N.° 1213, que regula los servicios de seguridad privada y deroga la Ley N.° 28879, Ley de Servicios de Seguridad Privada, así como su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.° 003-2011-IN.
También indican que, por tal motivo, realizará las gestiones para que en el más breve plazo se obtenga la aprobación del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1213, así como la implementación del proceso de adecuación de los procedimientos de seguridad privada al nuevo marco normativo.
Asimismo, ante la ola de reclamos de las empresas de seguridad y de los miles ciudadanos que no pueden acceder a una fuente de trabajo, el día 28 de febrero la SUCAMEC emitió la Resolución de Superintendencia N° 00362-2023-SUCAMEC, señalando que se aprueba el registro temporal del personal de seguridad que presta y desarrolla actividades de seguridad privada y que tendrá vigencia hasta el 31 de mayo de 2023.
No obstante, esta solución transitoria ayudará muy poco a solucionar la problemática, pues el embalse producido por la no emisión de carné es enorme y tardará tiempo en regularizarse. Mientras tanto, las empresas de seguridad exigen que el ente regulador saque un comunicado dirigido a las empresas públicas y privadas para que puedan continuar operando con las constancias de tramite hasta la emisión del carné, como ya ocurrió durante la pandemia por la COVID-19.
