En el año 2004, la minera Marsa se comprometió bajo un acuerdo contractual, brindar agua potable a la población, el 2010, a realizar la construcción de una planta de oxidación y, por último, en el 2016, la edificación de una institución educativa, sin embargo, según denunciaron los comuneros del centro poblado de Llacuabamba, en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, a la fecha ninguna de estas obras han sido realizadas.
Es por ello que, desde el lunes 20 de marzo, cientos de pobladores organizaron una protesta pacífica frente a la sede de la minera Marsa, exigiendo que la compañía cumpla con la responsabilidad social y los acuerdos pactados, sobre todo, la de dotar de agua potable a la comunidad.
Por su parte, Ronal Castañeda, presidente de la Comunidad Llacuabamba, manifestó que hizo llegar un documento a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para que se presenten como intermediarios entre la comunidad y la empresa Marsa. La condición, según indicaron, es que si se acepta dicha mesa de diálogo piden que esta se realice en la misma comunidad de la provincia de Pataz.
Es de señalar, que esta es la realidad de muchas comunidades mineras en el país, en donde estas empresas explotan sus suelos, contaminando a su vez el medio ambiente y olvidando su responsabilidad social con las comunidades.
