La fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, denunció constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra junto a Pilar Mazzetti, quien fue su ministra de Salud durante la pandemia de la COVID-19. En ese sentido, el Ministerio Público los sindica como posibles autores del delito contra la Administración pública en la modalidad de concusión por el Vacunagate.
Es de señalar que, en el año 2020, cuando el primer lote de vacunas contra el virus del Covid-19 todavía no había llegado al país, altos funcionarios del Estado habrían decidido inocularse; de este modo, se beneficiaron en tiempos de muertes diarias y hospitales rebasados.
Entre los nombres, el presidente de la comisión indagadora del Minsa para el caso, Fernando Carbone, encontró a Martín Vizcarra, su esposa y hermano. Del mismo modo, también fue incongruente la presencia de Pilar Mazzetti, entonces titular de Salud, y la canciller Elizabeth Astete.
Es así que, Vizcarra Cornejo fue inoculado en Palacio de Gobierno por el médico Germán Málaga, quien fue encargado del programa de ensayos clínicos de Sinopharm en octubre del 2020. Por su parte, Mazzetti lo hizo en su domicilio junto a dos extrabajadores suyos.
