El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, denunció que la inacción de la exprocuradora de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Ana María Ríos Negreiros, al no cumplir la funciones que le correspondían, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF), le puede costar a las arcas de la comuna y a todos los trujillanos un perjuicio económico de S/ 450,950.00 Esto se debería a una inadecuada defensa de los intereses de la MPT en el expediente judicial N° 00450-2022-0-1601-JR-LA-03.
El Tercer Juzgado Especializado de Trabajo de Trujillo, remitió al Órgano de Control Interno (OCI) copia de la sentencia N° 083-2023-3JETT-EJE-NLPT, resolviendo a favor de Carlos Oswaldo Díaz Rabanal, sobre reintegro de remuneraciones y gratificaciones e intereses legales que se calcularán en la ejecución de la sentencia.
En la sentencia se advierte que el juzgado declaró fundada en parte la demanda, ordenándose a la MPT cumplir con cancelar S/ 450,950.00 por los conceptos antes citados. Asimismo, se ordena que la municipalidad cumpla con depositar la suma de S/ 49,067.13 en la cuenta de CTS del demandante y pagar a la defensa S/ 10,000.00.
El juez Ricardo Arturo Miranda Rivera, señala en sus consideraciones para emitir sentencia que la procuraduría simplemente se limitó a hacer una presentación formal, con meras alegaciones sin sustento probatorio, que quien ejerce la defensa ni siquiera asistió a la citación de la audiencia de juzgamiento. Asimismo, dispuso que se comunique esto a OCI, considerando que “la defensa del Estado ha sido manifiestamente contra sus intereses”.
Respecto a esto, OCI, que depende de la Contraloría General de la República, envió un documento al alcalde Arturo Fernández advirtiendo que la exprocuradora, al no haber ejercido una defensa acorde a los intereses de la municipalidad, ni realizado una contestación de demanda con medios probatorios y al no haber asistido a la citación de audiencia de juzgamiento, demostró desinterés por la labor encomendada, por lo que habría incumplido sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la municipalidad, situación que ameritaría disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan.
Por su pate, el actual procurador municipal, Martín Salcedo Salazar, manifestó que su despacho ha apelado la resolución apenas se tuvo conocimiento y estará atento para presentar alegatos ante el tribunal superior personalmente.
