Macronorte.pe difundió que el empresario Timoteo Maza Montalván, esposo de la presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Verónica Escobal, estaba contratando con la Municipalidad Distrital de Moche pese a que estaría impedido por ley. El servicio en cuestión es el alquiler de un local, que es usado como cochera municipal en el periodo correspondiente al año fiscal 2023 (enero – diciembre 2023) por un monto de S/ 38 400.
Tras ello, la consejera Verónica Escobal se pronunció mencionando que desconocía que su cónyuge estaba impedido de contratar con el Estado, pero que, tras tomar conocimiento de este hecho, han anulado el contrato de alquiler de local para cochera municipal con la comuna de Moche.
Al respecto, el exconsejero Greco Quiróz, indicó que la Comisión de Ética del Consejo Regional debería iniciar un proceso de investigación contra la funcionaria, debido a que existe documentación que corrobora dicha contratación.
“Deberá, debe, es una obligación ante una denuncia donde la evidencia es clara y donde los documentos indican que efectivamente el señor cónyuge fue contratado, los consejeros están en la obligación de investigarlos. La función principal del consejero regional es la fiscalización”, precisó para Macronorte.pe.
Además, comentó que existen dos tipos de sanciones que Verónica Escobal podría recibir. Una de ellas sería la amonestación escrita y la otra sería la suspensión por 120 días en el cargo.
“Cualquier sanción lo que podría también generar es una moción por parte de cualquier consejero para que, en este caso, se la pueda remover también del cargo de Presidenta del Consejo Regional”, añadió.
De otro lado, mencionó que, si los consejeros regionales de La Libertad no actúan ante este hecho, el cual ha sido corroborado y donde los mismos protagonistas han aceptado su error, podrían ser denunciados por omisión de funciones.
“Si ellos no hacen este proceso, mañana cualquier ciudadano, ya no contra la consejera Verónica Escobal, sino cualquier ciudadano puede denunciar a los 16 consejeros restantes por el delito de omisión de funciones, porque ellos ante un hecho ya público, evidente y reconocido, tiene que actuar”, finalizó.
