El pasado miércoles 23, el abogado de la presidenta Dina Boluarte solicitó al Ministerio Público que se archive la investigación preliminar contra la mandataria por el presunto delito de genocidio, tras las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre 2022 y enero 2023.
«Creo y exhorto al Ministerio Público a que esta investigación tiene que cesar porque nunca tuvo sentido y lo que se ha investigado con colaboración de la presidenta ha establecido que no existe responsabilidad. Las personas no están en investigaciones de manera definitiva, de manera injustica. Esto es responsabilidad jurídica, aquí ni hay ninguna», señaló el abogado.
En ese sentido, argumentó que la presidenta Boluarte no participó en la ejecución de garantizar del orden interno, ya que no dirige ni tiene conocimiento de los planes tácticos u operacionales de las fuerzas policiales y armadas para la ejecución material de la garantía del orden interno.
De otro lado, precisó que, durante la convocatoria a estas manifestaciones, la jefa de Estado habría realizado llamados de calma con el fin de restablecer el orden interno, pero que hubo alguien que mantuvo la zozobra y la violencia, y que provocó un contexto que tendría que ser investigado.
“Que se siga investigando y que se establezcan las situaciones en las que hubo uso debido o indebido de la fuerza, y en base a ello absolver o responsabilizar; pero eso no se hace de la manera como se está investigando. Hemos pedido a la Fiscal de la Nación que cierre esta investigación, porque hay un deterioro de la autoridad democrática que es devastador para el Estado”, puntualizó.
