El proceso de licitación de la obra “Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. Cahuide del distrito de La Esperanza – Segunda Etapa: Construcción de pistas (carpeta asfáltica) veredas, sardineles y berma central”, que tiene un presupuesto de S/ 2’361,052.19, está camino a convertirse en un gran escándalo para la gestión del alcalde Wilmer Sánchez. Tras conocerse la denuncia presentada por el empresario Imer Villena Uceda al propio alcalde, en la que detalla presuntos actos de corrupción en la otorgación de la buena pro al Consorcio Cahuide, este medio ha corroborado nueva información que podría aumentar las sospechas sobre la transparencia de este proceso.
Macronorte ha comprobado que el Consorcio Ejecutor Cahuide, asociación constructora que se adjudicó la buena pro de la obra, está compuesta por las empresas ORFAM Contratistas Generales SAC y Corporación MOVA’S SAC, esta última tiene como socio fundador a Glimer Marín Moreno Rojas, quien de acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, es militante del Movimiento Regional Trabajo Más Trabajo, grupo político al que también pertenece el alcalde Wilmer Sánchez y con el que llegó al sillón edil de la Municipalidad Distrital de La Esperanza.
De otro lado, Corporación MOVA’S SAC también tiene como socia a Ana Belén Vásquez Aguilar, quien es militante del Partido Aprista, grupo político al que la autoridad edil también perteneció por muchos años.
Es de señalar, que en este proceso de licitación el Consorcio Buena Esperanza y el Consorcio César Vallejo fueron descalificados con argumentos insólitos por el Comité de Adjudicaciones de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, integrado por Marco Álvarez Guayan, María Castro Moreno y Roger Ganoza Florián. Tal como se describe en la denuncia de presuntos actos de corrupción en el proceso presentada al burgomaestre.
El Consorcio César Vallejo fue descalificado porque ofertó un monto menor al 100% y al reducido los gastos fijos y variables, el comité argumentó que no podría pagar a sus profesionales como también los impuestos de ley. En lo que respecta al Consorcio Buena Esperanza, este quedó fuera de la licitación por haber sellado sobre el número de metrados y precios, esto dificultaría conocer con certeza el real alcance de la obra, según indicó el comité de adjudicación.
Este medio intentó comunicarse con el empresario Glimer Marín Moreno Rojas, llamando al número de referencia que aparece en la información de MOVA’S SAC. Sin embargo, se nos indicó que no era el número personal del citado empresario, sino que era el de la empresa y que no se nos podía facilitar el número de contacto directo.
Del mismo modo, la gestión de Wilmer Sánchez ha optado por el silencio y no se ha pronunciado sobre la denunciada que tiene en su poder desde el 25 de agosto.
