Agrícola Chicama señala que proceso legal con GRLL no afecta III etapa de Chavimochic

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El asesor legal de la Empresa Agrícola Chicama, Oscar Calderón, sostuvo que la procuraduría del Gobierno Regional de La Libertad y sus abogados han mentido reiteradamente al afirmar que el proceso legal que mantiene Chavimochic con la compañía que representa pone en riesgo la ejecución de la tercera etapa del proyecto.

“Hay muchas cosas que se han dicho a lo largo de este proceso, en las discusiones públicas que se han dado en los medios, y que son falsas. Por ejemplo, se ha ligado el destino de este proceso con la viabilidad de la tercera etapa de Chavimochic. Es una de esas grandes mentiras que de tanto repetirse pueden parecer ciertas, pero no lo es en absoluto, no es así”, remarcó.

Calderón subrayó que lo que ocurra en esos procesos que sostienen con Chavimochic, por unos predios que reclaman de su propiedad, no tendrá ningún impacto en la ejecución de obras como la del canal madre del proyecto.

“Ya sea que el resultado sea a favor de una parte, o a favor de la otra parte, no impacta en nada en la ejecución de las obras de Chavimochic. Ese cuento de que de estos procesos depende la ejecución del canal madre, eso no es cierto. Y seguramente voces de más experiencia y conocimiento técnico pueden sustentar mejor eso”, expresó.

El abogado que representa a la empresa Chicama reiteró que, al ser un caso mediático, han podido identificar las afirmaciones, por parte del procurador y de su abogado, “que son falsas y no corresponden a la realidad de las cosas”. “No se frustra la tercera etapa de Chavimochic con esto”, dijo.

Oscar Calderón además calificó como correcta la decisión del juzgado de Ascope de conceder la apelación de la empresa Chicama sobre la sentencia en primera instancia del predio Puente Tabla, pues ahora podrá ser analizado en sala superior en la segunda instancia, como corresponde.

Señaló que impugnaron la sentencia del juzgado de Ascope debido a que este “ha desconocido la naturaleza de las normas que fueron cuestionadas”.

“El juez no puede, en un Estado de Derecho, sustentar su sentencia sobre la base de normas que se dieron antes de la Constitución del año 79”, sostuvo.

Agregó que estos casos ya tienen jurisprudencia, pues han sido resueltos en la misma Corte Superior de Justicia de La Libertad y el Tribunal Constitucional.