La irregular implementación de una sala de reuniones para el CORESEC en la sede de la 32° Brigada de Infantería del Ejército Peruano, como parte de un proyecto de Acuerdo de Cooperación, ocasionaría graves problemas legales para el exgobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, y los demás funcionarios involucrados en este caso, debido a que podrían ser denunciados por el delito de malversación de fondos.
Según el abogado y exconsejero regional por Ascope, Greco Quiroz, la investigación realizada por Macronorte.pe ha demostrado una presunta malversación de fondos, porque se ha utilizado dinero del Estado para adquirir bienes que no estaban dentro del presupuesto regional y que supuestamente se iban a generar a través de un convenio o acuerdo; sin embargo, al no estar firmado este acuerdo, se configura el delito de malversación de fondos.
“Los funcionarios tienen que ser denunciados penalmente y además procesados porque es una falta grave que se sanciona con la destitución del cargo, para eso se tiene que iniciar un proceso administrativo disciplinario a los responsables que no fueron prudentes para que antes de gastar un centavo del dinero de todos los liberteños debían tener firmado este convenio”, expresó a Macronorte.pe.
De acuerdo a los documentos verificados por este medio de comunicación digital, el pasado 18 de enero de 2023, mediante Oficio N°000058-2023-GRLL-GGR-GRAJ, el gerente de Asesoría Jurídica, Nelson Lozano Chávez, solicitó a la Gerencia Regional de Defensa Nacional actualizar el documento del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional (ACI), así como, realizar un informe técnico respecto a si la propuesta del ACI cumple con las formalidades establecidas, para que posteriormente su gerencia emita un pronunciamiento legal al respecto.
En base a esto, se evidencia que el Gobierno Regional La Libertad, a cargo de Manuel Llempén, realizó la implementación total de la sala destinada para las reuniones del CORESEC sin ningún documento que brinde la legalidad correspondiente y cuando el convenio no se había formalizado.
De otro lado, Greco Quiroz indicó que existen funcionarios de la gestión de Manuel Llempen que continúan laborando en el GRLL, durante el actual gobierno de César Acuña. Entre ellos destacan el gerente de Asesoría Jurídica, Nelson Lozano; y el gerente general adjunto, Rogger Ruiz.
En esa línea, mencionó que si los citados funcionarios regionales no han realizado las denuncias correspondientes a este caso, también podrían ser denunciados por omisión de funciones.
