El congresista Gustavo Cordero Jon Tay ha propuesto iniciar un procedimiento disciplinario de oficio contra los fiscales responsables de un proceso de colaboración eficaz por la filtración del testimonio o la información que proporcionan ante su despacho los aspirantes a colaborador eficaz.
El proyecto de ley que propone mejoras para su aplicabilidad, dispone que el fiscal a cargo del proceso especial de colaboración eficaz garantiza la plena vigencia del principio de reserva y es responsable funcional por cualquier filtración.
Asimismo, se debe mantener en reserva, según indica la iniciativa legal, la identidad, la declaración del colaborador o cualquier otra información proporcionada en el marco de este proceso.
La filtración de información motivará el inicio de un procedimiento disciplinario de oficio, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales en las que incurra él o los servidores civiles a su cargo.
Además, señala que el fiscal, observando la cantidad y participación de los investigados en el proceso penal común receptor, determinará el número máximo de colaboradores, teniendo en cuenta la naturaleza excepcional de la colaboración.
En cuanto a los requisitos de la eficacia de la información y los beneficios premiales, el proyecto de ley refiere que el colaborador está obligado a decir toda la verdad, sin omitir ni agregar información que la tergiverse.
“Si se descubre que el colaborador incumplió alguna de estas obligaciones, el fiscal deniega la realización del acuerdo o, en el caso de haberse otorgado los beneficios, inmediatamente se tramita la revocación de los mismos, conforme al artículo 480, sin perjuicio de iniciar al colaborador las acciones legales que correspondan”, señala el proyecto.
Cordero Jon Tay justifica su iniciativa en que en los últimos años se ha visto que jueces y fiscales, descuidando su labor, comentan declaraciones aún no corroboradas, con el único ánimo de generar un linchamiento mediático a los investigados.
