En el Congreso de la República se estaría llevando a cabo una alianza entre los mineros y diversos parlamentarios. Al parecer, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) estaría liderando las negociaciones y obteniendo resultados favorables.
Esto, luego que el pasado 13 de marzo, el pleno del Congreso aprobara el proyecto de ley que derogaba la primera disposición complementaria del Decreto Legislativo 1607, una medida que beneficiaría a la minería ilegal.
La citada disposición precisaba que la Policía Nacional de Perú (PNP) podía intervenir cuando advertía el desarrollo de actividad minera por parte de personas acogidas al Proceso de Formalización Minera Integral con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y que tengan en su poder artefactos o materiales explosivos sin contar con la autorización administrativa correspondiente.
Además, las personas que se encuentran en el supuesto antes mencionado, dejarían de formar parte del REINFO de forma automática con la comunicación que efectúa la PNP al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), acreditada con las actas o documentos de sustento. Esto no resultaba aplicable a personas en proceso de formalización que cuenten con inscripción vigente en el REINFO.
De otro lado, la norma indicaba que los mineros inscritos en el REINFO que realizan actividades de explotación en una concesión minera vigente tenían un plazo máximo de 90 días calendario para presentar al MINEM la inscripción registral de un contrato de explotación o de cesión minera suscrito con el titular de la concesión minera en cuestión.
Dicho plazo vencía el 20 de marzo de 2024, ocasionando que las personas que incumplan lo dispuesto dejarían de formar parte del REINFO de forma automática, sin embargo, con la derogatoria de la citada primera disposición complementaria, los mineros informales podrán hacerlo hasta fin de año, tal como lo exigían mediante marchas al Parlamento en los últimos días.
Según informó el semanario Hildebrandt en sus Trece, detrás de este «lobby» para aprobar ley que favorece a la minería ilegal se encontrarían varios dirigentes. Entre ellos destaca Máximo Franco Bequer, presidente del Confemin, quien registra 14 visitas al Congreso.
Durante sus encuentros, estuvo en los despachos de Guido Bellido, Jorge Montoya y Roberto Kamiche. En su momento, el citado dirigente fue denunciado por presuntamente usurpar la concesión minera «Maximiliana Dos».
Otro recurrente visitador al Pleno es el abogado Adolfo Valverde Calipuy, investigado por sus vínculos con la presunta organización criminal «La Gran F.A.», dedicada a la extracción ilegal de carbón en La Libertad y liderada por José Agustín Arteaga «Agucho», quién afronta una prisión preventiva por el periodo de 36 meses.
El letrado acompañó el pasado 22 de enero a Máximo Bequer en una mesa de trabajo liderada por Guido Bellido y el fujimorista Segundo Quiroz Barboza, presidente de la Comisión de Energía y Minas. Al día siguiente sostuvo un encuentro con Luisa Arboleda Gálvez, auxiliar de Waldemar Cerrón, en el despacho de la segunda vicepresidencia.
Cabe precisar que en ambas reuniones estuvo presente José Torrealva Yparraguirre, presidente de la Asociación de Mineros Artesanales del distrito de Pataz (AMAPataz)
En ese sentido, la presión del gremio habría calado en casi todas las bancadas del Congreso, debido a que entre enero y febrero de 2024, Perú Libre (en dos oportunidades) y Cambio Democrático-Juntos por el Perú presentaron iniciativas para derogar el decreto legislativo 1607, situación que finalmente se logró hace 2 semanas.
Ahora el objetivo es la aprobación de un proyecto de Minería Artesanal y Pequeña Escala, propuesto por Acción Popular. El proyecto señala que el proceso de formalización tiene carácter obligatorio, permanente e indeterminado, es decir, propone que el proceso de formalización ya no tenga caducidad.
