El Congreso debatirá en sus sesiones plenarias de esta semana, diversos temas que la Junta de Portavoces Parlamentarios acordó hoy priorizar, entre ellos la reforma constitucional que inhabilita a las personas sentenciadas por determinados delitos postular a cargos populares y ejercer cargos de confianza durante los diez años posteriores al cumplimiento de sus sentencias.
Con tal fin, la iniciativa modifica los artículos 34-A y el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución.
Además, se indica que están impedidos de postular a cargos de elección popular y de ejercer cargos de confianza, “hasta diez años después de haber sido rehabilitadas”, quienes tengan condena de pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, en calidad de autores, cómplices o instigadores por la comisión dolosa de diversos delitos.
Estos son terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, delito contra la seguridad nacional y traición a la patria, y contra los poderes del Estado y el orden constitucional.