Declaran infundado nuevo pedido de Arturo Fernández para volver a la MPT

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), desestimó una nueva solicitud del suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, para que se le reponga en el cargo, declarando infundada la solicitud de restablecimiento de la vigencia de su credencial.

En reunión del pleno, bajo la presidencia de la magistrada Martha Maisch Molina, por ausencia del presidente titular, se emitió la Resolución N.º 0197-2024-JNE, correspondiente al expediente N.º JNE.2024002202 con las precisiones antes citadas.

El pasado 11 de junio de 2024, Fernández había solicitado la rehabilitación de la vigencia de su credencial como alcalde  de la MPT, aduciendo que la Resolución Número Treinta y Uno, establecía que el 20 de junio de 2023 se le impuso un año de pena privativa de la libertad suspendida, por lo que el 20 de junio de 2024 se había cumplido sus sentencia.

Sin embargo, por medio de la Resolución N.° 0180-2024-JNE del 19 de junio de 2024, el pleno del JNE declaró infundada tal solicitud.

Posteriormente, el 27 de junio de 2024, Arturo Fernández volvió a solicitar que se le emita la credencial para que culmine su mandato y que se restablezca la vigencia que se le otorgó como alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Para ello adujo esta vez que la causa de suspensión prevista en el numeral 5 del artículo 25 de la LOM –sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad– ha desaparecido, ya que ha sido rehabilitado por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, mediante la Resolución Número Cincuenta y Cinco, del 25 de junio de 2024, por haber cumplido la pena impuesta.

La Ley N.° 26486 –Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, en su art. 25, numeral 5 señala que la suspensión es declarada hasta que no haya recurso pendiente de resolver y el proceso se encuentre con sentencia consentida o ejecutoriada. La suspensión no podrá exceder el plazo de la pena mínima prevista para el delito materia de sentencia. De ser absuelto en el proceso penal, el suspendido reasumirá el cargo, caso contrario, el Concejo Municipal declarará su vacancia.

El artículo 69 sobre Rehabilitación Automática, del Código Penal, señala que el que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta, o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite, cuando además haya cancelado el íntegro de la reparación civil.

La rehabilitación restituye a la persona en los derechos suspendidos o restringidos por la sentencia, pero ‘no produce el efecto de reponer en los cargos, comisiones o empleos de los que se le privó’.

La Resolución N.º 0264-2017-JNE, señala: De lo anterior se desprende que la suspensión de una autoridad edil opera cuando el Poder Judicial le impone una condena en segunda instancia, sin tomar en cuenta si es sentencia suspendida o efectiva, o que haya transcurrido el periodo de prueba, o, incluso, haya sido rehabilitado o indultado. Lo que importa es que la pena emitida en segunda instancia esté vigente, aunque sea en una parte, durante el mandato municipal de la autoridad cuestionada. Si no existe esa confluencia de periodos no se configura la causal de suspensión ni tampoco la de vacancia, aunque la sentencia esté consentida o ejecutoriada, para este último caso.

En suma, la decisión del Concejo Municipal o del Jurado Nacional de Elecciones, de ser el caso, para suspender a una autoridad edil, debe sustentarse estrictamente en la constatación de la existencia de una sentencia expedida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad, que confluya, en parte o en todo, con el periodo del mandato edil, sin necesidad de exigir que la sentencia condenatoria deba encontrarse vigente al momento de resolver, ya que este requerimiento no está previsto en el ordenamiento legal. En el presente caso, resulta irrefutable la existencia de la sentencia condenatoria impuesta en segunda instancia al recurrente, la cual constituye una causal objetiva de suspensión.

La rehabilitación regulada en el art. 69 del Código Penal, aun cuando supone un beneficio judicial para el condenado, no tiene repercusión en otros ámbitos normativos como el electoral; motivo por el cual no extingue la causa de suspensión invocada, ya que esta no se fundamenta en el cumplimiento de la pena impuesta, sino en el acto mismo de la imposición de la sentencia en segunda instancia. Esta norma determina, expresamente, que la rehabilitación no repone en el cargo o empleo del que se privó al sentenciado.