Mediante Resolución Ejecutiva Regional N°000448-2024-GRLL-GOB, con fecha 19 de agosto del presente año, el Gobierno Regional de La Libertad declaró la nulidad de oficio del proceso de licitación de la obra «Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial de la I.E. 2208 en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad», adjudicada al Grupo G&G Contratistas Generales SRLtd, por un valor de S/ 2,368,871.49.
Según argumentó la entidad regional, la citada empresa se encuentra impedida de contratar con el Estado, debido a que Alfredo Guerra Olivera, socio del Grupo G&G, es hermano de Pedro Guerra Olivera, quien se desempeña como locador de servicios en el GORE La Libertad desde el año 2023.
“f) Los servidores públicos no comprendidos en literal anterior, y los trabajadores de las empresas del Estado, en todo proceso de contratación en la Entidad a la que pertenecen, mientras ejercen su función. Luego de haber concluído su función y hasta doce (12) meses después, el impedimento se aplica para los procesos de contratación en la Entidad a la que pertenecieron, siempre que por la función desempeñada dichas personas hayan tenido influencia, poder de decisión, información privilegiada referida a tales procesos o conflicto de intereses. (…)”, precisó el GRLL en base a la Ley de Contrataciones del Estado.
Asimismo, refirieron que Pedro Guerra se encuentra contratado por requerimiento de la Gerencia Regional de Infraestructura del GRLL, por lo que se podría determinar que como parte de sus funciones manejaría información privilegiada de los procesos de contrataciones de la entidad, debido a que encargaba del registro de aprobaciones para proyectos en etapa de elaboración de expedientes técnicos.
Esta decisión fue apelada por la citada empresa “solicitando se revoque la nulidad del proceso, se ratifique el otorgamiento de la buena pro y se ordene la suscripción del contrato con el Gobierno Regional de La Libertad”. Es así que, el pasado 26 de septiembre, en lo que sería una interpretación de forma y no de fondo, mediante Resolución N°3401-2024-TCE-SE, el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE), revocó la nulidad de oficio del proceso de licitación y ordenó al Gobierno Regional de La Libertad a continuar con el trámite de perfeccionamiento del contrato con el Grupo G&G Contratistas Generales.
Esto, debido a que se corroboró que las labores que realiza Pedro Guerra Olivera no se efectúan en calidad de servidor público, sino, derivan de un contrato de locación de servicios, el cual no evidencia un vínculo laboral que implique la existencia de subordinación ante el GRLL.
Por lo tanto, el citado locador no se encuentra inmerso en la causal de vacancia de la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que para evidenciar la configuración del impedimento previsto en el literal f), es un requisito indispensable que se trate de un servidor público.
“Este Colegiado determina que, en el presente caso, no se ha demostrado con fehaciencia que el Impugnante se encuentre inmerso en la causal de impedimento establecido en el literal f) en concordancia con el literal h) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley; por lo que, el motivo expuesto por la Entidad en la Resolución a través de la cual declaró la nulidad del procedimiento de selección carece de sustento y debe ser revocada”, indica el documento.
De otro lado, el TCE explicó que al determinarse que el hermano del socio del Grupo G&G no tiene la condición de servidor público, no corresponde verificar si dicha persona tuvo influencia, poder de decisión, información privilegiada referida al procedimiento de selección o conflicto de intereses; ya que, dicho análisis solo se debe realizar cuando el postor sea un servidor público.
