La Contraloría General de la República recomendó tomar acciones legales y civiles contra siete exfuncionarios del Proyecto Especial Chavimochic (PECH), quienes habrían generado un perjuicio económico de S/ 156 575.
Según el Informe de Control Específico N° 039-2024-2-0608-SCE, precisa que durante el 2022 se hizo la contratación de tres locadores y en el 2023 se contrató a cuatro locadores de servicio, para las áreas de la gerencia general, subgerencia de obras, área de personal y área de Informática.
La falta se debería porque los responsables de cada área mencionada, no supervisaron que se cumpla la ejecución de los alcanzables de los contratos de locación, no evaluaron los informes presentados por los locadores, dando la conformidad a los entregables y autorizando el pago correspondiente, a pesar que no se acreditó el cumplimiento de los términos de referencia establecidos en los contratos.
Estas faltas las habrían cometido el exgerente general, Carlos Pagador Moya; los exsubgerentes de obras, Abigail Sandoval Carranza, Carlos Peralta Ruiz y Gary Cortijo Cerna; las exjefas de Personal, Marjuri Zanini Fernández y Bertha Lescano López; y el responsable de Informática, José Madrid Rentería.
En la lista de los ocho locadores que sus reportes fueron observados, figura el regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Jorge Vásquez, quien fue contratado en agosto de 2023 por 140 días para que brinde el servicio especializado en gestión de proyectos.
Según el órgano de control, el regidor municipal presentó seis informes técnicos para acreditar sus servicios prestados en el área de Informática, señalando que dichos entregables carecían de originalidad, presentaban duplicidad de información y diferían de lo establecido en los términos de referencia del servicio contratado.
A pesar que hubo estas observaciones en los informes de servicios presentados por Vásquez Tirado, el responsable del área de Informática José Madrid Rentería, dio conformidad a estos seis entregables, inobservando lo que se estipulaba en los términos de referencia que la propia área de Informática elaboraba y aprobaba.
Cabe precisar que por estos servicios realizados, Jorge Vásquez cobró S/ 23 872, “correspondiendo a un ineficiente uso de los recursos, al no estar acreditado la realización del servicio en mención, bajo las condiciones de contrato y alcances de los TDR, afectándose la finalidad pública de contratación”.
