El Tribunal de Servicio Civil destituyó a la directora de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Noemí Meyling Chavesta Wong, tras comprobarse que exigía pagos mensuales a sus trabajadores para renovar sus contratos.
La citada funcionaria fue denunciada por trabajadores que aseguraron haber pagado S/2 mil mensuales para garantizar la renovación de sus contratos, asimismo, revelaron que tenían un ambiente laboral marcado por hostilidad, gritos, abuso de poder y cobros adicionales para campañas internas.
Además de los pagos regulares, los trabajadores del MTC señalaron que Chavesta Wong solicitaba aportes adicionales de S/500 para actividades internas, como la compra de canastas por el Día de la Madre.
El caso salió a la luz el 14 de junio de 2022, cuando un trabajador del mencionado ministerio presentó una denuncia ante la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (STPAD).
Según su testimonio, durante seis meses entregó S/2 mil en efectivo a la directora, quien condicionaba estos pagos a la renovación de su contrato bajo la modalidad de locación de servicios. Otros tres empleados denunciaron situaciones similares, incluyendo a una extrabajadora que ya no laboraba en la oficina.
Es de señalar que una extrabajadora renunció debido al acoso laboral, mientras que otros señalaron que Chavesta Wong justificaba los cobros alegando que les había dado la “oportunidad” de trabajar gracias a sus contactos políticos.
El Tribunal del Servicio Civil consideró los testimonios como verosímiles debido a su coherencia y la falta de indicios de coacción. Además, las pruebas documentales, como vouchers de transferencias y mensajes de WhatsApp, reforzaron las denuncias.
Noemi Chavesta intentó apelar su destitución, alegando que se había vulnerado su derecho de defensa y su principio de inocencia. Sin embargo, el Tribunal desestimó estos argumentos al confirmar que el procedimiento cumplió con lo estipulado en el Decreto Legislativo 1327, que protege la identidad de los denunciantes.
