El Consejo Regional de La Libertad, mediante un comunicado, rechazó la paralización por 30 días de las actividades mineras en la provincia de Pataz, tal como lo estipula el Decreto Supremo N°60-2025-PCM.
Asimismo, mostró su oposición a la ampliación del estado de emergencia, medida que fue dada por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, tras la masacre de 13 trabajadores de seguridad de la minera Poderosa. También se resalta que la disposición del Ejecutivo fue adoptada sin la debida participación de las autoridades regionales ni de una evaluación integral de sus impactos sociales, económicos y legales.
«Manifestamos nuestro más enérgico rechazo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 060-2025-PCM, emitido el 08 de mayo de 2025, por el cual se prorroga el Estado de Emergencia en la provincia de Pataz y se dispone, entre otras medidas, la inmovilización social obligatoria y la suspensión del ejercicio del derecho al tránsito para el desarrollo de toda actividad minera», se lee en el comunicado.
De otro lado, se menciona que la paralización de la actividad minera afecta directamente a los mineros artesanales, permitiendo que las operaciones mineras de Poderosa continúen con total normalidad, resaltando que es una desigualdad que afecta la economía local.
“El decreto mencionado castiga de manera indiscriminada a los mineros artesanales y de pequeña escala, quienes representan un sector históricamente excluido, pero vital para la economía local de Pataz. Mientras tanto, se permite que grandes operaciones mineras continúen funcionando con normalidad. Esta evidente desigualdad contradice los principios de equidad y justicia social que deben regir la actuación del Estado”, señala el pronunciamiento.
