De acuerdo a la encuesta Datum, el 73.8% de la población considera que existe influencia de la minería ilegal en el Congreso de la República y que, además, esta es negativa.
Asimismo, el 70.2% de los encuestados señala que el Congreso recibe dinero de la minería ilegal, situación que conlleva a los parlamentarios a extender el plazo de regularización para los mineros informales.
De otro lado, una amplia mayoría opina que esta minería aumenta el crimen, ya sea en sus áreas (19.7%) o en todo el país (48.2%). Para un 65.8% de encuestados, está claro que la minería informal “es una actividad negativa que fomenta la violencia y muy contaminante”.
En esa línea, el 54.6% refiere que en las próximas elecciones generales se inclinaría a votar por un candidato que controle y restinga las actividades de los mineros informales.
