En serios problemas: Fiscalía formaliza investigación contra Mario Reyna y Diana Tello

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La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad dispuso el pasado 1 de setiembre formalizar investigación preparatoria contra el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, la primera regidora de Moche, Diana Tello Murrugarra, y un grupo de exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Moche, por el presunto delito de negociación incompatible en contrataciones directas realizadas entre 2019 y 2022.

De acuerdo con la carpeta fiscal N° 2306015500-2023-448-0, Diana Tello en su condición de gerenta general de Moche, en el periodo comprendido entre 2019 y 2022, recibía asesoramiento externo de Mario Reyna por medio de la empresa “Albert Marshall Abogados” y en esas circunstancias la mencionada funcionaria, como los jefes de Abastecimiento se habrían interesado indebidamente y de manera directa en beneficiar con contrataciones directas a empresas de propiedad de Mario Reyna y de familiares y personas afines a este.

La disposición fiscal refiere como autores del delito de negociación incompatible a Diana Tello Murrugarra, Modesto Vásquez Morales, Alika Miranda Pereyra, Ruby Cruz Alfaro, Regina Espinoza Ramos, Carlos Alcalde Castillo; Alejandra Saldarriaga Urquiso y Marco Antonio Sánchez Romero.

Por su parte, Mario Reyna Rodríguez, Olga León Rudas, Alan Alcántara Medina, Elizabeth Medina Velásquez y Sujey del Rocío Reyna Rodríguez, son considerados como cómplices.

Es de señalar que en el citado proceso también fueron comprendidas seis empresas: Alberth & Marshall Consulting E.I.R.L., American Supplies S.A.C., Odisea Perú S.A.C., Alessa Catering E.I.R.L., Empresa de Servicios Complementarios Trujillo E.I.R.L. y Servicios Complementarios American Services S.A.C.

En esa línea, otra de las disposiciones fiscales fue declarar compleja la investigación por el plazo de 8 meses y citar a declarar a los imputados como parte de las diligencias de investigación a nivel preparatoria.

Asimismo, se requirió el levantamiento del secreto de comunicaciones de los investigados con la finalidad de identificar los números de celulares que estos manejaban al momento de ocurridos los hechos y el tráfico de llamados. De igual manera, el secreto bancario para conocer sus movimientos bancarios en las fechas que han ocurrido los hechos, a fin de poder determinar si existe vinculación alguna con el presente caso.