Con el objetivo de analizar de manera multisectorial los impactos de la actividad minera en los suelos agrícolas ubicados en zonas de influencia minera, se desarrolló la mesa de trabajo denominada “Protección de suelos agrícolas en zonas de influencia minera – Caso Cancate”, impulsada por el congresista Roberto Kamiche.
La reunión convocó a las autoridades políticas y representantes del anexo Cancate, perteneciente a la Comunidad Campesina Cahuide, provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad, así como a representantes de los sectores Energía y Minas, Ambiente, Interior y Policía Nacional del Perú.
La cita tuvo como finalidad identificar riesgos, fortalecer la protección del recurso suelo y promover acciones coordinadas que garanticen la sostenibilidad de la producción agrícola y el desarrollo territorial.
Durante su intervención, el congresista Kamiche sostuvo que es urgente crear una Superintendencia de Formalización Minera que permita regular de manera clara y firme tanto la minería formal como la informal, delimitando responsabilidades y fortaleciendo la fiscalización.
Por su parte, Santos De la Cruz Siccha, representante del anexo Cancate, afirmó que la comunidad es netamente agrícola y se dedica a la producción de tubérculos, granos, cereales y frutales. Informó que cuentan con un tractor obtenido por la Asociación de Productores de Cancate y con un reservorio de agua en construcción, lo que evidencia su apuesta por el desarrollo productivo.
Sin embargo, denunció que desde el año 2020 vienen siendo afectados por actividades mineras que exceden el marco de la minería artesanal, generando contaminación de la cabecera de cuenca del río Santa, que abastece al proyecto Chavimochic. También alertó sobre daños a los caminos vecinales, contaminación de pastos, muerte de animales y afectación directa a los alimentos que consume la población.
Asimismo, el viceministro del Ambiente, Vicente Espinoza Villanueva, reconoció que la afectación ambiental en Cancate es real y está debidamente sustentada. Añadió que existe una contradicción normativa, ya que, aunque se admite de que se trata de una zona de riesgo, la legislación vigente permite que las actividades continúen.
