El gobierno de José Jerí oficializó el Decreto Legislativo Nº 1739 que incorpora al Código Penal el artículo 409-C, estableciendo sanciones penales para funcionarios y servidores públicos que divulguen indebidamente información clasificada como reservada en el marco de investigaciones criminales.
El decreto legislativo surge con el propósito de salvaguardar información sensible vinculada a la persecución de crímenes considerados de alta peligrosidad social. El Estado justifica la medida en la necesidad de proteger las investigaciones penales desde su etapa inicial.
“La finalidad del presente Decreto Legislativo es proteger la reserva de la información de carácter reservado, conforme al ordenamiento jurídico vigente, vinculada a la persecución penal, las investigaciones penales y las diligencias policiales o fiscales que se desarrollan en dicho marco”, se lee en el decreto.
La norma busca específicamente proteger datos sobre denuncias, identidad de denunciantes con reserva legal y diligencias policiales o fiscales aún no ejecutadas en casos de extorsión, secuestro y sicariato. Según el Gobierno, la filtración de estos datos compromete tanto la seguridad de las víctimas como la efectividad del proceso penal.
El nuevo artículo 409-C establece que cualquier funcionario o servidor público que exhiba, filtre, entregue, capture mediante medios técnicos, permita acceso indebido u omita dolosamente la protección de información reservada enfrentará prisión de cinco a siete años. Además, contempla cinco supuestos específicos que agravan la sanción, elevándola de siete a diez años de prisión, inhabilitación y multas de 365 a 730 días.
