Condenan a prisión a dos sujetos por tráfico ilícito de minerales extraídos de la Reserva Nacional de Calipuy

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La Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Materia Ambiental (FPTEMA) de La Libertad obtuvo una sentencia condenatoria contra dos personas involucradas en el transporte de recursos minerales provenientes de actividades de minería ilegal extraídos dentro de la Reserva Nacional de Calipuy, área natural protegida ubicada en el distrito de Chao, provincia de Virú.

La decisión fue emitida el 15 de junio de 2026 por el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque, mediante un proceso de terminación anticipada correspondiente al caso fiscal N.° 20-2026. Los sentenciados, Segundo Simón Sánchez Sánchez y Gian Carlo Namay Monsón, fueron hallados responsables como autores del delito de tráfico ilícito de recursos minerales provenientes de la minería ilegal, tipificado en el artículo 307-F del Código Penal.

De acuerdo con la investigación fiscal, ambos ciudadanos fueron intervenidos el 17 de febrero de 2026 durante un operativo conjunto realizado por la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (UNIDPMA-La Libertad) y la Fiscalía Ambiental de La Libertad. La acción contó con la participación de la fiscal provincial Patricia Viviana Ponce Saavedra, representantes del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y el acompañamiento del Equipo Forense en Materia Ambiental del Ministerio Público (EFOMA).

Durante la intervención, las autoridades detectaron a los imputados transportando mineral polimetálico de origen ilícito a bordo de la camioneta de placa TBP-872. Las investigaciones determinaron que el material provenía de actividades mineras ilegales realizadas dentro de la Reserva Nacional de Calipuy, motivo por el cual fueron detenidos en flagrancia delictiva.

Como resultado del proceso judicial, el juzgado impuso a los sentenciados una pena de cinco años de privación de libertad, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta. Asimismo, se ordenó el pago de una reparación civil de 130 mil soles a favor del Estado peruano.