La Contraloría General de la República (CGR) halló presunta responsabilidad penal y administrativa en 14 funcionarios y servidores del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por irregularidades identificadas en las acciones de supervisión y fiscalización de tres unidades fiscalizables ubicadas en la cuenca del río Moche, correspondientes a los subsectores de minería, hidrocarburos y residuos sólidos.
En el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 011-2026-2-5684-AC (periodo del 15 de febrero de 2023 al 16 de enero de 2026) se determinó que jefes y colaboradores de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas limitaron la intervención oportuna y la eficacia de la función fiscalizadora del OEFA al realizar un análisis fragmentado de la información obtenida en las supervisiones de los años 2023, 2024 y 2025 a la unidad fiscalizable Quiruvilca.
La información correspondiente a la supervisión de 2023 comprendía los resultados de monitoreos de agua residual industrial, con elevadas concentraciones de metales, así como evidencia de deterioro e inestabilidad física de ciertos componentes de la minera. En tanto, en las supervisiones de los años 2024 y 2025 no se ordenaron medidas preventivas pese a reconocer la persistencia de las condiciones ambientales críticas identificadas.
En otro caso, relacionado con una unidad fiscalizable del subsector hidrocarburos ubicada en Trujillo, funcionarios y servidores de la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas y de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos determinaron que no correspondía imponer medidas correctivas a una empresa comercializadora de combustible denunciada por contaminar el agua subterránea de un pozo de uso domiciliario.
Sin embargo, ambos órganos habían reconocido en sus respectivos pronunciamientos de los años 2024 y 2025 que la falta de impermeabilización de la fosa portatanques del establecimiento permitió la fuga de combustible desde el sistema de tanques enterrados, afectando la calidad del agua subterránea con concentraciones elevadas de hidrocarburos y otros compuestos.
La denuncia ambiental que dio origen al caso motivó inicialmente la imposición de medidas preventivas destinadas a identificar, controlar y eliminar la fuente de contaminación. No obstante, la Oficina Descentralizada (ODE) de La Libertad verificó en el 2025 que estas medidas no habían sido implementadas, pero no continuó con las actuaciones orientadas a la imposición de multas coercitivas. En enero corroboró que la contaminación persistía.
Otro de los casos corresponde al botadero San Idelfonso, ubicado en el distrito de Laredo, donde la ODE La Libertad no impulsó las acciones correspondientes ante el incumplimiento de medidas preventivas ordenadas a la municipalidad distrital para el esparcido, compactación y cobertura de residuos sólidos, así como para la elaboración y ejecución de un plan de vigilancia que evitara su quema. Esta situación impidió la ejecución de las multas coercitivas.
La auditoría de cumplimiento fue comunicada a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República para el inicio de las acciones legales correspondientes y al titular del OEFA para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, entre otras acciones.
