La minería ilegal en el Perú ha alcanzado dimensiones preocupantes, ocupando alrededor de 25 millones de hectáreas, según el 33° Observatorio de Conflictos Mineros en el país.
Este informe revela un aumento sostenido de los conflictos sociales, superando los 220 casos, el número más alto en los últimos siete años. La mayoría de estos conflictos, más del 60%, están vinculados con la categoría socioambiental, y el 67% de estos tiene conexión directa con la minería.
Los conflictos se han expandido a las fronteras, afectando zonas limítrofes con Ecuador y Colombia, como la Cordillera del Cóndor y el río Cenepa, así como la frontera con Colombia en el río Putumayo.
La minería ilegal ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos 15 años, ocupando alrededor de 25 millones de hectáreas y superando las concesiones mineras formales que ocupan cerca de 20 millones de hectáreas.
Los expertos destacan la necesidad de un control más estricto de la cadena de suministros y la identificación de quienes facilitan instrumental y apoyo a la minería ilegal, subrayando la importancia de fortalecer a las organizaciones sociales de base y la participación activa de la sociedad para contrarrestar su avance.
Además, la ausencia del estado ha sido un factor crítico que ha permitido la expansión de esta actividad. Para abordar este problema, se requieren intervenciones gubernamentales efectivas y una participación activa de la sociedad.
