Gerente de minera Poderosa acusa al presidente del Congreso de estar vinculado con minería ilegal

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Durante el foro “Liderazgo empresarial”, el gerente de Asunto Corporativos de la minera Poderosa, Pablo de la Flor Belaúnde, acusó al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, de estar vinculado con la minería ilegal.

Las economías criminales vienen avanzando de manera acelerada, ya han colonizado buena parte de la administración pública, sobre todo a nivel local y a nivel del Congreso. De hecho, tenemos un presidente del Congreso que es un representante de una de las economías ilegales más activas y perniciosas”, expresó durante el evento.

Ante esto, Salhuana envió una carta notarial al citado empresario a fin de que se retracte en un plazo máximo de 72 horas y lo acusó de difamación.

Por su parte, Flor Belaúnde respondió la carta notarial asegurando que dicho pedido de rectificación afecta su libertad de expresión, además, señaló que lo manifestado en un evento empresarial, es algo difundido en varios medios de comunicación del país.

Estas (derecho a la libertad de expresión) son reglas ampliamente consolidadas en los estados constitucionales y las sociedades democráticas que lamentablemente vienen siendo puestas en cuestión en nuestro país, especialmente por algunos funcionarios públicos y políticos. Advierto que su comunicación es una expresión más de esta negativa tendencia”.

Constituyen opiniones basadas razonablemente en abundante información pública difundida por diversos medios de comunicación que, hasta donde tengo conocimiento, usted no ha objetado a través de acción legal alguna”, indicó en el documento.

Asimismo, de la Flor Belaúnde cuestionó que el líder del legislativo ocupe su tiempo en «perseguir» a quienes lo critican en lugar de atender las principales problemáticas de la población, incluso criticó que desde el Pleno del Congreso se haya extendido el plazo del Reinfo, lo cual estaría generando graves consecuencias.

Teniendo en cuenta su posición de alto funcionario del Estado, llama la atención que dispense tiempo y recursos en perseguir penalmente el discurso crítico en relación con el grave problema que representa la minería informal e ilegal en el país antes que favorecer el debate robusto de ideas en la búsqueda de soluciones eficaces, por ejemplo, a la extensión abusiva del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Mientras tanto, se incrementa la destrucción del medio ambiente, el avance de la criminalidad organizada, el daño a la propiedad e iniciativa privadas y lamentablemente el asesinato impune de compatriotas”., agregó.