Tal como fue anunciado por el Ejecutivo, el ministro de Justicia, Salvador Heresi, junto al procurador público Luis Huerta Guerrero, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la “Ley Mordaza”, que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados.  

“Ese es el eje central de la demanda. El derecho a la información por parte del Estado está reconocido por la Constitución. La publicidad estatal es una vía que permite eso”, explicó el procurador Huerta.

Para el Ejecutivo, la cuestionada norma tiene fallos respecto al fondo y forma de la misma. Por ejemplo, explicaron que la ley nació de un proyecto sin argumento y ausencia de pronunciamiento por parte de comisiones ordinarias. La propuesta no fue derivada en la Comisión de Constitución.

También la norma vulnera el derecho de las personas a recibir información y la obligación del Estado de informar a los ciudadanos.

El Tribunal Constitucional tiene 10 días para evaluar si admite o no la demanda. De tener luz verde, el resultado final se verá en un máximo de 6 meses.

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