La Contraloría General de la República realizó una auditoría de cumplimiento a la ejecución de la obra de agua y alcantarillado en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo (La Libertad), donde recomendó iniciar  acciones penales, civiles y administrativas a 12 funcionarios y servidores públicos por no cumplir con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, en el expediente técnico y en el contrato, lo que generó un presunto perjuicio económico de S/ 1´505 536.

La obra estuvo a cargo del Consorcio Namul, con un presupuesto inicial de S/ 31´775,336.30, sin embargo el presupuesto ejecutado se incrementó a S/ 46´816,752.31 como resultado de las modificaciones a las condiciones contractuales previamente pactadas.

Estos hechos se encuentran plasmados en el Informe de Auditoría de Cumplimiento  N° 105-2018-GG-CORETR-AC, el cual fue notificado a la Municipalidad Distrital de Guadalupe, entidad que estuvo a cargo de la obra, para la implementación de la recomendación contenida en el documento.

La Municipalidad se retrasó en el cumplimiento de las condiciones para el inicio de obra; como el pago de adelanto directo, la designación del supervisor, la entrega del expediente técnico y del terreno; ocasionando que los trabajos comiencen 91 días después del plazo que establece la normativa. Ello generó la obligación de pagar S/ 2’363,123.76 a favor del contratista por daños y perjuicios.

La aprobación del expediente técnico de la obra y el inicio de su ejecución sin las condiciones necesarias, generaron la ampliación de plazo N° 1 y el pago de mayores gastos generales por la suma de S/ 568,087.56. Ese hecho ocasionó que la obra no concluya en el plazo previsto y que se genere un presunto perjuicio económico de S/ 674,193.14. El informe de auditoría advierte además que el expediente de la obra está sobrevalorado en S/ 112, 480.39, de los cuales se desembolsaron S/ 106,105.58 a favor de la empresa contratista.

La entidad permitió que la obra se lleve a cabo sin la participación permanente del residente, ante este hecho, la Municipalidad no realizó acción alguna y pagó en las valorizaciones los gastos correspondientes a dicho profesional afectando la imparcialidad que debe regir en toda contratación pública. Este hecho generó un presunto perjuicio económico de S/ 17,647.96.

Se pagó al contratista por la construcción de tres pozos tubulares inoperativos ubicados en una posición distinta a la inicialmente considerada en el expediente técnico, el cual no contaba con la aprobación correspondiente por parte de la Municipalidad. Esto ocasionó un presunto perjuicio de S/ 813,694.96.

Ante lo evidenciado, la Contraloría dispuso poner en conocimiento el informe a la Procuraduría Pública encargada de asuntos judiciales para el inicio de las acciones de carácter civil y penal en las cuales se hayan incurrido.

La Contraloría, a través de sus servicios de control posterior, formula recomendaciones con la finalidad de fortalecer la gestión, transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno de las entidades sujetas a control, y así optimizar los sistemas administrativos de gestión y control interno para el buen manejo de los recursos públicos.

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