Tras la anulación de la sentencia que absolvió a Adriano Pozo, en el caso de agresión contra Arlette Contreras, y se enviará a fojas cero, un mecanismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que trabaja en la erradicación de la violencia contra las mujeres, mostró su preocupación y pidió al Gobierno del Perú tomar medidas para garantizar el acceso a la justicia de la activista y de otras mujeres en situaciones similares.
El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) considera que Arlette ha sido víctima de violencia institucional por parte del Estado.
También indicaron que en casos de feminicidio y violencia sexual en grado de tentativa, quedó en evidencia las limitaciones del Estado para garantizar el acceso a la justicia.
