Un nuevo atentado contra la libertad de prensa ocurre en nuestro país. El periodista Igor Ybáñez Gamboa, quien laboró -entre el 2011 y el 2014- en el diario La República – Edición Norte en la ciudad de Trujillo, fue sentenciado a pagar solidariamente junto al mencionado medio de comunicación la suma de S/ 70 mil por incurrir en una conducta antijurídica de daño moral contra el exjuez de Ascope, Víctor Hugo Albán Rivas, por haber publicado un artículo sobre la suspensión del magistrado por la demora en resolver casos, de acuerdo a una investigación que venía haciéndole la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) La Libertad en el 2013.
Esta sentencia fue dada el pasado miércoles 13 de agosto por el Tercer Juzgado de Paz Letrado Civil Transitorio de Trujillo, a cargo de la jueza Mariela Moreno Vega, quien ordenó al hombre de prensa pagar esta exorbitante suma de dinero, lo cual atenta contra el trabajo periodístico para investigar a funcionarios públicos.
Debido a ello, Luis Alberto Ruiz Vera, abogado del hombre de prensa, indicó que se ha apelado dicha sentencia por considerarla injusta, ya que la jueza usa elementos subjetivos para calificar el daño moral en su decisión judicial. Asimismo, afirmó que esta sanción impuesta a su patrocinado marca un mal precedente para la libertad de prensa en la región La Libertad. “Esta decisión judicial podría servir de sustento para descreditar el trabajo de otros periodistas que cumplen su labor de fiscalizar a funcionarios públicos“, agregó.
Por su parte, Ybáñez Gamboa enfatizó que por el derecho de acceso a la información pública, derivado del derecho a libre expresión e información, los ciudadanos tienen la posibilidad de conocer la manera en que los funcionarios se desempeñan en su trabajo, ya sea por medio de la prensa o por otros canales oficiales o privados, y estos funcionarios deben rendir cuenta de sus actos y decisiones de su labor a la ciudadanía, según como indica un informe “El derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública” de la UNESCO.
Actualmente, el hombre de prensa trujillano, quien desde el 2015 trabaja como redactor en un medio de comunicación especializado en negocios y economía en Lima, precisó que esta injusta decisión judicial también está afectando a su imagen como profesional, ya que no ha tenido problema judicial alguno en su labor periodística.
“El artículo publicado en el diario La República, con fecha 23 de octubre del 2013, en ningún momento se le ha intentado dañar al exmagistrado de Paiján Víctor Hugo Albán Rivas, ya que dicha información de interés pública fue obtenida a través de una conferencia de prensa, convocada por la Odecma en la sala de ceremonias del Poder Judicial de La Libertad, donde también se obtuvo la resolución de su suspensión a través de una medida cautelar que emitió dicho órgano”, declaró Ybáñez Gamboa.
«La magistrada me hace responsable de una conducta antijurídica por haber publicado una información real que me proporcionó la Odecma, así como otros medios de comunicación que estuvieron presentes en dicha conferencia de prensa. Asimismo, en aquel entonces el exjefe del Odecma Manuel Estuardo Luján Túpez realizó declaraciones públicas en el ejercicio de sus funciones, de los cuales estaba el demandante y que fueron recogidas por el diario La República, en uso de su facultad informativa”, sostuvo el hombre de prensa.
Ybáñez Gamboa indicó que este veredicto es arbitrario, ya que claramente en su artículo señala que Albán Rivas se le suspendió por la demora excesiva de expedientes, y no por casos de corrupción como señala el exmagistrado de Paiján. “En ninguna de las partes del desarrollo de la noticia se precisa en forma irresponsable que el demandante haya realizado actos de corrupción como cobros indebidos a cambio de acelerar procesos judiciales, tal como pretende hacer creer”, aseguró el periodista.
En abril de este año, el periodista Pedro Salinas fue sentenciado arbitrariamente a un año de prisión suspendida y pagar S/ 80 mil de reparación civil por el delito de difamación contra el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi, por haber comparado a la autoridad eclesiástica con el arzobispo chileno Juan Barros en una columna de opinión.
Por otro lado, el Poder Judicial abrió investigación por difamación contra el periodista Óscar Castilla, director ejecutivo de Ojo-Publico.com, y Edmundo Cruz Vílchez, periodista de La República; y dispuso mandato de comparecencia y embargo preventivo de los bienes de dicho medio digital y de los antes citados, en el marco de una nueva denuncia interpuesta por Miguel Arévalo Ramírez ‘Eteco’, por el presunto delito de lavado de dinero.
