Tras formalizarse la transferencia de 213 millones de soles a 1874 municipios de todo el país, la atención está centrada en el uso que los alcaldes le darán a estos recursos. Los temores de que se produzcan actos de corrupción en algunos de los procesos de adquisición de las canastas para las familias vulnerables, teniendo en cuenta que en otras ocasiones las compras de emergencia han servido para que algunos alcaldes y funcionarios se beneficien de manera ilícita, tienen mucho fundamento.

En La Libertad, el gobierno regional, bajo la administración que encabeza Manuel Llempén, emitió un comunicado en el que invoca a los alcaldes provinciales y distritales invertir con honestidad y transparencia los recursos transferidos por el Ejecutivo. Antecedentes para desconfiar existen y en post detallaremos algunos.

En marzo del año 2017, en plena emergencia por el Fenómeno del Niño Costero se descubrió la sobrevaloración en el alquiler de cinco baños químicos contratados por la Municipalidad distrital de La Esperanza, para atender a la población afectada por las lluvias en esta zona. Por este caso, el entonces alcalde de este municipio, Daniel Marcelo, y funcionarios de su confianza, han sido llevados a juicio oral. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios hallaran elementos de convicción suficientes para acusar a la autoridad edil.

Lo escandaloso de este caso es que el costo total del alquiler por un mes de los 5 baños químicos fue de 78 mil soles, es decir 15 600 soles cada uno al mes (520 soles diarios), mientras que en el mercado por el mismo servicio el precio era de 2 mil en total. La rapidez con la que fue contratado este servicio también genera dudas. El 20 de marzo se realizó el estudio de mercado, adquisiciones da el visto bueno y ese mismo día, Daniel Marcelo firmó el contrato con FR Contratistas Generales.

La gestión de Elidio Espinoza, en la Municipalidad Provincial de Trujillo, también ha dejado un rastro de corrupción en las compras de emergencia por el Fenómeno del Niño Costero. En marzo del 2017, un grupo de regidores de minoría del concejo trujillano denunció que la sobrevaloración en el costo de las botas de jebe y los sacos de polietileno. El primer producto fue adquirido por la MPT a 48 soles (130 unidades) y el segundo a 2.50 soles (18000 unidades). En el mercado las botas de jebe costaban 23 soles, mientras que cada saco de polietileno costaba la suma de 50 céntimos. Tras la publicación del caso en los medios trujillanos, el procurador público de la MPT denunció el caso ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, el caso aún sigue en investigación.

Teniendo como ambición máxima la contratación directa para dirigir las licitaciones, algunas autoridades ediles han creado de manera ficticia una situación de emergencia. En el 2012, en el distrito Pacanga (Chepén), el entonces alcalde Santos Cerna Quispe fingió una situación de emergencia para ejecutar una obra de alcantarillado sin concurso público, él y algunos de sus funcionarios fueron posteriormente sentenciados a cuatro años de prisión suspendida y al pago solidario de 300 000 mil soles por reparación civil.

«Negociación incompatible y colusión son algunos de los delitos que se cometen con más frecuencia en las compras por declaratoria de emergencia. El problema es que hay sanciones legales muy benignas para este tipo de situaciones. Normalmente se están sancionando con penas privativas de la libertad suspendidas», enfatizó Alfredo Galindo, exfiscal.

Hace algunos días Transparencia Internacional presentó el informe «Integridad ante la emergencia: recomendaciones para la integridad de las compras y contrataciones públicas», donde recomienda cinco líneas estratégicas para reducir los actos de corrupción en el marco del impacto por Covid-19.

Máxima apertura en la información (incluidos datos abiertos) con una visión integral de las contrataciones públicas (de la planeación hasta la entrega del bien), activación de mecanismos pro-competencia, fiscalización en tiempo real, identificación plena de los recursos utilizados y su destino en un solo sitio, y amplia rendición de cuentas públicas sobre los recursos utilizados y su destino, son los factores que ayudarían a disminuir los riesgos de corrupción en las compras directas.

Guerra de Comunicados

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