A través del Información de Orientación de Oficio N°398-2020-CG/SADEN-SOO, la Contraloría General de la República advierte que el proceso de adquisición de 1 401 883 pruebas rápidas para el diagnóstico de casos en fase inicial de la infección por coronavirus no sirven para afrontar la emergencia nacional y generaría perjuicio económico.

La principal observación es que la compra de estos productos no sirven para la detección del Covid-19, siendo la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) la que no recomienda su uso en la fase de incubación, «dado que proporciona resultados preliminares basados en la generación de anticuerpos; en ese sentido podría determinar la presencia de casos con resultados falsos negativos, es decir pacientes infectados con el coronavirus que aún no han generado anticuerpos», reza parte del documento publicado el 27 de marzo de este año.

La Contraloría señala que de persistir esta situación se pondría en riesgo la prestación de una atención médica oportuna a las personas que sean portadoras de esta enfermedad. Además, la compra de las pruebas rápidas ponen en riesgo el correcto uso de los recursos públicos.

Este documento de control fue enviado al director del Instituto Nacional de Salud (INS) el 28 de marzo y desde esa fecha los funcionarios de esta institución están al tanto de estas situaciones adversas, tal como lo prueban los correos electrónicos que intercambiaron el personal de la Contraloría y el INS.

La Contraloría ha exhortado al director del INS, César Cabezas, que corrija esta situación y que informe al Órgano de Control Interno del INS las medidas correctivas adoptadas.

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Foto de Portada: AFP

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