Paradoja administrativa. El alcalde de Trujillo nombra a la presidenta del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Trujillo (SBT), pero el Concejo Municipal está impedido de fiscalizar su desempeño, así lo aclaró la gestión de Daniel Marcelo.

El pasado 20 de mayo del 2020, el Concejo Municipal de Trujillo acordó por unanimidad convocar a la presidenta de la SBT, Magaly Ruiz, para que responda por las presuntas irregularidades que se habrían cometido en el manejo de esta institución. La citación fue reiterada el 4 de junio, fecha en la que los regidores Andree Gallo, Hernán Aquino, José Ruiz, Sergio Vílchez, Andrés Sánchez y Jorge Rodríguez solicitaron formalmente al despacho de alcaldía la programación de una sesión extraordinaria para escuchar los descargos de la citada funcionaria, que también ocupa el cargo de teniente alcaldesa de la Municipalidad Distrital de La Esperanza.

A través del Informe Legal N° 664-2020-MPT-GAJ, la Municipalidad de Trujillo ha respondido a la pretensión de los regidores señalando que la Sociedad de Beneficencia de Trujillo no forma parte de la estructura orgánica del municipio y cuenta con autonomía económica, administrativa y financiera, por lo que la labor de fiscalización edil no es aplicable a esa institución. Por lo tanto, se ha declarado improcedente la convocatoria a Magaly Ruiz para una sesión de concejo edil y el pedido de la sesión extraordinaria, la decisión del despacho de alcaldía fue comunicado a los concejales con el Oficio Circular N° 019-2020 MPT/SG, de fecha 12 de junio.

«La Sociedad de Beneficencia de Trujillo es una persona jurídica de derecho público interno, de ámbito local provincial, que cuenta con autonomía administrativa, económica y financiera, no constituyéndose en entidad pública. Y que se encuentra bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se colige por causalidad de que el Ministerio de la Mujer se constituye legalmente en el órgano legitimado para fiscalizar a la Sociedad de Beneficencia de Trujillo.», señala el documento.

«Los miembros del concejo municipal de la Municipalidad Provincial de Trujillo no se encuentran legalmente habilitados para ejercer su facultad de fiscalización sobre la gestión de la Sociedad de Beneficencia de Trujillo, dado a que esta no forma parte de la estructura orgánica de esta corporación edil de esta corporación edil como gobierno local, ni mucho menos es parte de la gestión municipal.», concluye el análisis jurídico del caso.

La postura de la gestión apepista ha generado incomodidad en los concejales oficialistas y de minoría, debido a que desde el inicio del mandato de Marcelo Jacinto ha sido una constante que el titular de la Beneficencia no informe al concejo sobre la labor desarrollada, aunque reconocieron que el informe se ajustaba a la norma, piensan que debe ser una obligación funcional rendir cuentas al pleno del concejo, que es el máximo organismo público de la ciudad de Trujillo.

«Yo no puedo entender autonomía, como no rendir cuentas. Y porqué rendir cuentas a las municipalidad, porque la ley dispone que la municipalidad también tenga parte en la designación del directorio, y justamente de esta designación sale el presidente de este directorio, en su momento Constante Traverso y ahora Magaly Ruiz. Entonces si el concejo tiene funciones de fiscalización y la presidente es representante de la Municipalidad de Trujillo, nosotros si podemos pedir la presentación de la representante de la Benefiencia.», sostuvo la regidora Olga Cribilleros, quien también señaló que el informe de la Gerencia de Asesoría Jurídica es muy pegado a la letra.

Para el regidor Sergio Vilchez, Magaly Ruiz debería presentarse ante el concejo, tal como lo han hecho autoridades de otras instituciones que no forman parte de la estructura orgánica de la MPT. De no hacerlo asegura el concejal se estaría faltando el respeto a la población.

«Al jefe de la PNP lo hemos invitado y el jefe ha ido, ha expuesto su plan de trabajo, hemos visto en que se puede reforzar, en que puede aportar la Municipalidad de Trujillo como institución. Ese era el contexto, pero lamentablemente se ha tomado de esta forma, lo cual es ponoso.», sostuvo.

Ambos regidores y un sector del concejo considera que existe, por parte de la presidenta de la Beneficencia poca disposición a transparentar su trabajo y esta postura sería respaldada por el alcalde. Los hechos administrativos parecen confirmar esta hipótesis.

Con fecha 29 de mayo, a 9 días de la primera convocatoria, la presidenta de la SBT envió al alcalde Daniel Marcelo, el Informe Técnico N° 010-2019-MIMP-DIBP-CAR, emitido por la Dirección de Beneficencias Públicas del Ministerio de la Mujer, el documento sustentaba que este organismo no podía comparecer ante el gobierno local. Otro de los documentos remitidos fue el Informe de Diagnostico y Estado Situacional Actual de la SBT.

«Esperamos que la directora reconsidere su posición, creo que todo funcionario público debemos tener la mejor predisposición de servicio, de atención, de respuesta, y más aún en este escenario de emergencia.», acotó el regidor Vilchez Neira.

La publicación de esta nota tuvo un retraso, porque por varias horas esperamos la opinión de la presidenta de Sociedad de Beneficencia de Trujillo. Ella se comprometió a brindarnos una entrevista, algo que no se produjo.

La Resolución de Alcaldía N° 446-2020-MPT, del 11 de junio del 2020, recoge el informe legal de la Gerencia de Asesoría Jurídica, expuesto en esta nota, y resuelve en su primer artículo, declarar improcedente el pedido de convocatoria a sesión extraordinaria para la presentación de la funcionaria, en tanto, en el segundo artículo se extiende una invitación a la presidenta de la Beneficencia, para que exponga en una sesión extraordinaria, la que se realizará siempre y cuando acepte la invitación, no tiene una obligación administrativa para hacerlo, pero si el deber de transparentar sus actos ante la población trujillana. Hasta el momento se desconoce que decisión tomará.

MPT ESTABLECE QUE REGIDORES… by Andres Vargas Chávez on Scribd

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