El Concejo Municipal aprobó el proyecto de ordenanza que regula la adecuación de la prestación del servicio de transporte publico interurbano de personas bajo medidas y protocolos sanitarios para enfrentar y prevenir los riesgos de contagios del Covid-19, así como las reglas de fiscalización y las infracciones y sanciones por su incumplimiento.
La votación fue también para avalar la exoneración de los informes técnico y legal del expediente, con cargo a mejorar la redacción y considerar las observaciones de la Gerencia de Transportes al cuadro de infracciones. Lo primero fue aprobado por mayoría, con abstenciones de los regidores Noé Anticona y Luis Bahamonde; el proyecto de ordenanza, por unanimidad.
Esto implica que, tras publicarse la norma, el 100% de las flotas de transporte público volverá a operar en Trujillo, incluyendo el servicio de auto colectivo, que estuvo impedido de hacerlo durante la emergencia sanitaria y cuarentena por más de cuatro meses, perjudicando a unos 2,500 transportistas.
Esto fue acordado tras sustentarse el dictamen de la comisión ordinaria de regidores de Transito Vialidad y Transporte, que preside Hernán Aquino, señalando que era un clamor de los transportistas y que esto se socializó con todos los operadores del servicio público: microbuses, combis, taxis y colectivos, comprometiéndose a respetar los protocolos de bioseguridad y otros establecidos en el cuadro de infracciones y el D.S. N° 016.
“El Concejo Municipal, como ente de fiscalización, nunca debió dejar de lado su función y competencia”, dijo. La nueva norma edil dejará sin efecto la ordenanza municipal 023-2020, que ya cumplió su objetivo al cambiar la norma nacional.
También se establece la prórroga de la vigencia de la Tarjeta Única de Circulación (TUC) y el Certificado de habilitación de cobradores y conductores hasta el 31 de diciembre de este año.
La gerente de Transportes, Jessica Flores, propuso que los autos colectivos funcionen como servicio especial y que el cuadro de infracciones propuesto por la comisión se haga en función no a la normativa nacional sino al transporte local ya que la nacional establece infracciones de hasta el 50% de la UIT.
Aunque el expediente del proyecto de ordenanza no contaba con informes legal y técnico el gerente de Asesoría Jurídica de la MPT sostuvo que por la necesidad se podía prescindir de ello. La ordenanza se puede modificar en el camino y hay el principio de buena fe procedimental y predictibilidad. El Concejo ha aprobado proyectos con cargo a mejorar la redacción, recordó.
“El Concejo puede prescindir de los informes, el Reglamento Interno (RIC) lo permite. Leí el proyecto y en mi opinión legal es favorable. El cuadro de infracciones se puede ir modificando y perfeccionando”, manifestó.
