La Contraloría General advirtió que la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el denominado hospital popular Señor Cautivo de Ayabaca, cuya administración corresponde a un privado, genera el riesgo de que el Gobierno Regional de Piura pague por un servicio que no le corresponde asumir, por ello comunicó a la entidad la pronta adopción de acciones para cautelar los recursos del Estado.
A través del informe de hito de control N° 5805-2020-CG/GRPI-SCC, que forma parte de la estrategia integral de control a la emergencia sanitaria por el COVID-19, se advierte de esta situación adversa, por cuanto la propia Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto establece que los fondos públicos se orientan a la atención de gastos que genere el cumplimiento de sus fines.
El documento precisa que el Gobierno Regional de Piura firmó un convenio con una empresa el 06 de setiembre de 2019 para la implementación, instalación y funcionamiento del referido hospital y le cedió un terreno de más de 10 hectáreas, ubicado entre la intersección de la avenida Sánchez Cerro y prolongación Chulucanas, en Piura.
Con la llegada de la pandemia, la Gerencia Regional de Desarrollo Social del GORE requirió el servicio de seguridad para este establecimiento privado por un monto de S/ 32,000 el 25 de mayo de 2020, ya que se iba a albergar a pacientes con diagnóstico positivo leve del COVID-19 y era necesario salvaguardar las instalaciones. Sin embargo, este centro no ha atendido a ningún paciente con esta enfermedad.
De otro lado, se evidencia que en el propio convenio de colaboración interinstitucional señala que el consorcio privado asume todo el costo de construcción, implementación, equipamiento y administración del referido hospital.
El informe, elaborado por un equipo de auditores de la Gerencia Regional de Control de Piura, está publicado en el portal web institucional www.contraloria.gob.pe (Sección: Participación Ciudadana/Buscador de Informes de Servicio de Control), conforme lo dispone la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control, en aras de la transparencia y acceso a la información.
