La oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad presentó el reporte de conflictos sociales registrados hasta el mes de noviembre del presente año, el cual da cuenta que se han detectado dos nuevos casos en los que urge la atención de las autoridades regionales y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a fin de prevenir hechos de violencia y vulneración de los derecho.
De los dos nuevos conflictos sociales en La Libertad, el primer caso corresponde a los integrantes del caserío de Shiracmaca, en la provincia de Sánchez Carrión, quienes denuncian que la empresa minera Summa Gold afecta sus redes de abastecimiento de agua potable. El segundo caso agrupa a la Central Única de Rondas Campesinas del distrito de Santa Cruz de Chuca, en la provincia de Santiago de Chuco, quienes expresan su rechazo a las actividades de exploración minera en el proyecto Supaypacha de la empresa Fresnillo Perú. Ambos conflictos son de tipo socioambiental.
Además, un caso nuevo de carácter multirregional se presenta en las regiones La Libertad e Ica. Este conflicto involucra a los trabajadores temporales de las empresas de agroexportación, quienes reclaman que el Congreso de la República apruebe una norma especial laboral para el sector agroexportador, la eliminación de intermediarios laborales (“services”) y el incremento de la remuneración diaria. El caso dejó un fallecido y varios agentes policiales heridos en el distrito de Chao. Además, una segunda persona murió en un accidente vehicular en medio del escenario de conflicto. Actualmente este caso se encuentra en etapa de diálogo.
En tanto, otros conflictos que ya se tenían registrados anteriormente no deben ser perdidos de vista a fin de evitar acciones violentas. Se trata del conflicto que tienen los pobladores del caserío La Ramada, en la provincia de Sánchez Carrión, con la Compañía Minera Tahoe Perú, a quienes exigen el pago de una indemnización por las vibraciones y el polvo generados con las voladuras que se realizan en la unidad minera La Arena.
Asimismo, en la provincia de Otuzco, el Frente de Defensa del Medio Ambiente y Agricultura del Cerro Urpillao, demanda el retiro del proyecto minero Eposuyay por el impacto que generaría en la cabecera de la cuenca del cerro Urpillao y la afectación del agua que consume la población del lugar.
Otro caso involucra a los trabajadores mineros de la compañía Quiruvilca, quienes solicitan a la referida empresa el pago de sus remuneraciones y gratificación desde el 2017, beneficios de los pactos colectivos y que se continúe con los subsidios de servicios que proveía la mina a los trabajadores (educación, salud, agua potable y electricidad).
El jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, José Luis Agüero, advirtió la necesidad de que estos conflictos sean prevenidos. Por ello, informó que ha cursado comunicaciones al Gobierno Regional de La Libertad y a la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de que actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades, y no esperen a que los conflictos escalen para intervenir.
Cabe mencionar que según el Reporte de Conflictos Sociales N° 201, correspondiente al mes de noviembre de 2020, a nivel nacional se registran 198 conflictos sociales, de los cuales 147 se encuentran activos y 51 latentes.
