El informe final del caso “vacunagate” , realizado por una comisión investigadora del Congreso, liderado por Otto Guibovich (Acción Popular), concluye que el laboratorio chino Sinopharm fue favorecido por el Ejecutivo para su adquisición y que luego fue aprovechado para la aplicación de la vacuna a altos funcionarios públicos, entre ellos el expresidente Martín Vizcarra.

“Se ha determinado una estrategia de favorecimiento al laboratorio Sinopharm, dirigido desde el Ministerio de Salud, con la colaboración de algunos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante diferentes eventos que no tuvieron equivalencia para  otros cinco ensayos clínicos fase III, que se están llevando a cabo en nuestro país; negativa en sí misma, en algunos casos implicó el empleo de recursos públicos”, se indica entre las conclusiones.

En esa línea, se detalla que se realizaron modificaciones a protocolos del ensayo clínico de Sinopharm (51-20) a pedido de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y sin mayor escrutinio sobre su impacto.

 “El Instituto Nacional de Salud (INS) así como el Comité Transitorio de Ética, aprobaron un protocolo de ensayo clínico irregular que contenía una cláusula de negociación comercial futura con el laboratorio de SINOPHARM”, se detalla.

Asimismo, desde el 07 de agosto del 2020, era de conocimiento de la ex autoridades Pilar  Mazzetti (ministra de Salud),Cesar Cabezas (exjefe del INS),  Carmen Ponce (directora de Digemid) y Mario López Chávarri (excanciller) que  el laboratorio Sinopharm  ofreció una cantidad de “vacunas de emergencia”.

“Se ha comprobado que llegaron al Perú 27,800 unidades de dosis con el rótulo de “uso  exclusivo para investigación”, de las cuales se han inoculado 23,650 dosis, cuya aplicación se efectúo a 11,982 voluntarios en primera dosis y 11,668 voluntarios en segunda dosis. Queda claro que no fueron 12,000 voluntarios finalmente. Como parte de este lote ingresaron irregularmente y camufladas 3,200 “vacunas de emergencia”, para el personal del estudio y relacionados; de ellas 1,200 dosis fueron también irregularmente entregadas a la Embajada China en Perú, con la aquiescencia de las más altas autoridades y evadiendo el control del Estado peruano”, se concluye.

Además, se explica que la comisión investigadora accedió a los contratos de las vacunas y que estas tienen un costo elevado, respecto a otros laboratorios.

El informe será debatido en el Congreso el jueves 8 de abril en horas de la tarde, tras la entrega del informe que fue remitido a la Mesa Directiva.

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