El procurador público del Congreso de la República, Manuel Peña Tavera, afirmó, ante la Comisión de Constitución y Reglamento que sesionó esta tarde en forma extraordinaria, que su despacho interpondrá una denuncia penal contra la magistrada del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, Soledad Blácido Báez, por delito de prevaricato y abuso de autoridad.
Peña Tavera se presentó ante dicho grupo de trabajo, que preside Luis Valdez Farías (APP), para informar sobre las acciones que ha realizado en su calidad de procurador del Congreso, con relación a la demanda de acción de amparo iniciada contra la presidenta del Parlamento, signada con el expediente 02425-2021-0-1801-JR-DC-03.
Como parte de su exposición, hizo un recuento de los momentos y la forma cómo se notificó la demanda e informó que tiene plazo hasta este martes (13 de julio) para responder a ella, con la indicación de que “las pretensiones contenidas en la demanda de amparo interpuesta vulneran el principio de separación y balance de los poderes consagrados en los artículos 43 y 93 de la Constitución Política”.
Como se sabe, la jueza mencionada concedió el 6 de julio la medida cautelar, solicitada por el demandante Walter Ayala Gonzales, y ordenó al Congreso que disponga la suspensión provisional de la elección de magistrados del TC programada para el 7 y 8 de julio del presente año.
Ante ello, el procurador manifestó que, “al postularse la vulneración de este derecho fundamental a exigir la eficacia de las normas legales, la vía procesal idónea para dirimir esta controversia sería, en todo caso, el proceso de incumplimiento y no el proceso de amparo conforme se señala”.
Asimismo, afirmó, solicitará “una sesión de falta de legitimidad por parte del accionante”, porque “conforme se establece en el artículo 39 del Código Procesal constitucional: “El afectado es la persona legitimada para interponer el proceso de amparo”, “lo cual no se cumple con el demandante, al igual que en el artículo 41 del mismo Código”.
En relación con lo dispuesto por el Ministerio Público, de iniciar indagaciones preliminares contra los congresistas que no acataron la resolución judicial aludida, el procurador precisó que “no han sido notificados de estas relaciones judiciales”; en consecuencia, y a su entender, “no tienen responsabilidad alguna en materia penal”.
