La fiscalía solicitó 2 años y 11 meses de prisión, para el exgobernador de Junín y secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón; así como la inhabilitación por 5 meses para ejercer cargos públicos. Esto en el marco legal de las investigaciones que se vienen realizando por el delito de malversación de fondos por irregulares modificaciones presupuestales en el proyecto de reforestación del Valle del Mantaro.
Según la fiscal Mary Huamán, indicó que durante la primera gestión de Cerrón como gobernador (2011-2014), él se aprovechó de su cargo y designó a personal de su confianza en puestos estratégicos para el manejo presupuestario. Se presume que se ejecutaron cambios al presupuesto para malversar el dinero destinado al proyecto Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro.
Esto se argumenta bajo la acusación del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, a cargo de la fiscal Bonnie Bautista, que sustenta que los funcionarios regionales de Junín habrían ejecutado irregularmente S/ 2′880,088 del dinero destinado a los trabajos de reforestación para la ejecución de otros nueve proyectos.
De acuerdo al Ministerio Público el proyecto fue liquidado cuando tenía un avance del 30%, sin embargo, los implicados habrían indicado de manera irregular un avance del 11%. El proyecto estaba valorizado en S/29 millones. En estas investigaciones figuran los exgerentes de Junín, Henry López Cantorin, Ulises Panez, Rocío Cristina Bonifacio Aliaga, Julio Alberto Matos Gilvonio, Estela Encarnación Baldeón Hormaza, Ofelia Rios Pacheco, y William Javier Acosta Laymito.
Por su parte, la defensa de Cerrón Rojas precisó que esta investigación ya prescribió el pasado 3 de enero del 2021, pues el caso inició en enero de 2017, sin embargo, la fiscalía sostuvo que la acusación contra Cerrón no ha prescrito, pues de acuerdo a la casación 442-2015 se debe contabilizar el plazo extraordinario desde la formalización de la investigación preparatoria, y no de la investigación preliminar.
También se solicitó el pago de una reparación civil de S/ 100 mil, que deberán ser pagados de manera solidaria por los acusados.
