La bancada de Alianza para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley que busca establecer que los condenados por delitos de terrorismo, corrupción de funcionarios, violación, tráfico de drogas y organización criminal no sean elegidos como funcionarios de alto rango. La parlamentaria Magaly Ruiz Rodríguez presentó esta propuesta legislativa 184/2021, referida a la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos.
“13) Los nombramientos y designaciones referidos en este artículo, no podrán ser ordenados a favor de quienes hayan sido condenados a pena privativa de la libertad efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por delitos de terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios, violación de la libertad sexual u organización criminal. La rehabilitación, la amnistía o el indulto, no los habilita para ser nombrados o designados. De la misma, para el nombramiento o designación del alto funcionario, el presidente de la República deberá observar los artículos 6º y 7º de la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública”.
Esta medida garantizaría una legítima representación del pueblo por sus autoridades, así como aquellos que quieran en un futuro desempeñarse como altos funcionarios, pues deberán llevar una conducta correcta, que esté alejada de todo hecho que pueda involucrarlos con delitos graves.
Por último, se indicó que con esta medida se evitaría posibles conflictos entre la población y opinión pública contra las decisiones del presidente de la República al reducir los motivos que pueden cuestionar a los funcionarios que él considere pueden ocupar los altos cargos.
