La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino; el extitular del gabinete ministerial, Ántero Flores Aráoz y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, que sucedieron durante la noche del 14 de noviembre del 2020, en el marco de las protestas realizadas como reacción​ a la vacancia del entonces presidente Martín Vizcarra y la designación de Merino de Lama como presidente de la República. 

En la denuncia presentada se les imputa la presunta comisión, en la modalidad de omisión impropia, de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves a título de dolo eventual, además, de incumplir con el deber constitucional de proteger la vida y la integridad física de los participantes en las movilizaciones mencionadas.

En ese sentido, la representante de la Fiscalía sostuvo que los denunciados habrían actuado con dolo eventual, pues desde que asumieron sus cargos tenían conocimiento de las protestas que se venían desarrollando desde el 9 de noviembre de 2020 y que se extendieron hasta el día 15 de ese mes, ya que estas eran reportadas por los medios de comunicación tanto en el marco nacional como internacionalmente.

“El dolo eventual implica que, si bien los investigados no buscaron el resultado típico producido (lesiones y muertes), lo cual configuraría dolo directo; sin embargo, resulta razonable sostener que, en el contexto de los hechos, los investigados debieron asumir como una eventualidad altamente probable tal resultado, y aun así persistieron en sus conductas omisivas. Para decirlo en términos más directos tenían la capacidad y estaban en la posibilidad de evitar los resultados, pero no lo hicieron”, argumenta la denuncia constitucional.

Así mismo, la fiscalía cuestiona que no se dispuso de las medidas para controlar ni mitigar las manifestaciones, lo que dio como resultado la muerte de 2 personas y 78 ciudadanos con lesiones leves y graves, quienes participaron en las movilizaciones de noviembre pasado. La denuncia constitucional contra Merino, Flores Aráoz y Rodríguez deberá ahora ser calificada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

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