El titular de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL), Oster Paredes Fernández, Luis Javier Collantes Silva, Sub Gerente de Gestión Institucional de la GRELL, Julio Elmer Sifuentes Nicacio, Director de la Oficina de Administración de la GRELL y Jorge Efigenio Sánchez Acosta, Director de Asesoría Jurídica de la mencionada gerencia, todos gerentes públicos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR); avalaron una interpretación cuestionada de las normas y fueron receptores ilegales de uniformes de invierno y verano, beneficio logrado por pacto colectivo desde el 2015 por el Sindicato de Trabajadores de la Gerencia Regional de Educación y formalizado en la Resolución Gerencial Regional N° 006702-2015-GRLL-GGR/GRSE, de fecha 31 de diciembre de 2015, que detalla la entrega de uniformes y las bolsas de alimentos a los empleados del Régimen del Decreto Legislativo N° 276 de la citada institución.
Precisamente, son varios informes del SERVIR los que dejan en claro que los beneficios acordados en los pactos colectivos no alcanzan a los funcionarios de confianza, directivos o gerentes públicos del SERVIR. El Informe Técnico N° 523-2014-SERVIR/GPGSC, que tiene carácter vinculante y que fue emitido el 20 de agosto de 2014, sostiene que: «que los servidores públicos que desempeñan cargos de confianza o de dirección, están excluidos del derecho de sindicación, por mandato constitucional, por ende, del derecho a la negociación colectiva. Dicha exclusión se encuentra estipulada en el articulo 42′ de la Constitución Política del Perú, refiriendo que los funcionarios públicos, así coma el personal de confianza y directivos no son titulares de los derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga, par tanto, no san beneficiarios de los convenios colectivos».
Otro documento del SERVIR, El Informe Técnico N° 1088-2015-SERVIR/GPGSC, del 02 de noviembre del 2015, establece: «Cabe precisar que respecto a los servidores de carrera que percibiendo beneficios económicos vía pactos colectivos pasan a ocupar un cargo de dirección o de confianza a través de algunas de las modalidades de desplazamiento, deberán suspender la percepción de los referidos beneficios mientras dure la designación o encargatura». Con este marco legal, la actuación funcional de los 4 gerentes públicos del SERVIR de la GRELL está bajo sospecha.
Adjudicación Simplificada
Macronorte ha corroborado en los archivos del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), que los ternos y buzos entregados a los funcionarios del SERVIR de la GRELL fueron adquiridos en el Proceso de Selección de Adjudicación Simplificada N° 001-2021-GRLL-GGR/GRELL, convocado en abril del 2021 y dirigido exclusivamente para dotar de indumentaria al personal nombrado y contratado del Decreto Legislativo 276 de la sede de la GRELL.
Las bases estándar del señalado proceso detallan que los beneficiarios son 19 servidores y 24 servidoras del referido régimen laboral, lo que da un total de 43 trabajadores a los que habrían alcanzado los acuerdos del pacto colectivo. Este medio accedió al documento formal de entrega de uniformes al personal de la GRELL, que contiene la relación de beneficiarios de la Adjudicación Simplificada N° 001-2021-GRLL-GGR/GRELL, elaborado el 17 de mayo de 2021. En esta lista aparecen, confirmando la recepción de las indumentarias, los nombres y las firmas de Luis Javier Collantes Silva, Oster Waldimer Paredes Fernández, Jorge Efigenio Sánchez Acosta y Julio Elmer Sifuentes Nicacio.
En el oficio «Relación de Personal del Régimen Laboral 276 – GRE La Libertad 2021», los funcionarios que recibieron el beneficio ilegal ocupan la modalidad contractual de «designados», los otros 39 las de «nombrados» y «contratados» del DL 276.
«Ningún funcionario público puede estar recibiendo beneficios de los pactos colectivos. La norma es tajante. Es un acto ilegal y tendrían que devolver las prendas sin afectación o el monto invertido en su adquisición, inclusive se les puede abrir un proceso administrativo disciplinario», sostuvo el presidente de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE) – Base La Libertad, Carlos Alva, en relación al caso expuesto.
Opinión cuestionada
En respuesta a los pedidos de opinión legal de los directores de las ugeles de Sánchez Carrión y Ascope, sobre la adquisición y otorgamiento de uniformes para el personal administrativo comprendidos bajo el régimen del D.L. 276 de las ugeles e instituciones educativas, que realizan trabajo remoto, mixto y presencial, enviado al gobernador regional Manuel Llempén; el director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la GRELL y beneficiario del pacto colectivo, Jorge Sánchez, evacuó el Informe N°031-2021-GRLL-GGR/GRSE-OAJ, del 08 de junio de 2021, donde señala: «En relación a la entrega de uniformes para los servidores de carrera, contratados por funcionamiento y cargos de confianza que dada la coyuntura del Estado de Emergencia Nacional generada por el Virus SARS COV 2 – COVID-19, se encuentren realizado trabajo remoto o con la modalidad de licencia con goce de haber, es posible realizar la entrega de los mismos, para lo cual, debe evidenciarse la existencia de un convenio o pacto en ese sentido».
Además, en su pronunciamiento el funcionario del SERVIR avala la entrega de uniformes y accesorios a los funcionarios de confianza, y con esto se pronuncia indirectamente por su propio caso. Para ello hecha mano del Reglamento Interno de Trabajo sobre Control de Asistencia, Permanencia y Puntualidad de los Empleados Públicos del Gobierno Regional de La Libertad, aprobado en febrero del 2012, que en la Cuarta Disposición Complementaria señala que la Región debe entregar 02 uniformes al año a todos los servidores de carrera, contratados por funcionamiento y cargos de confianza.
Asimismo, recalca que el artículo 4 del mencionado documento de gestión, determina que este es de aplicación tanto a los funcionarios, directivos y servidores del Gobierno Regional de La Libertad, que laboran en la sede central, gerencias regionales sectoriales, gerencia de Coordinación e integración Gubernamental Provincial (ex Oficinas Micro Regionales), Unidades Orgánicas Desconcentradas y Proyectos Especiales, que administrativamente dependen del GORE La Libertad.
Sin embargo, los argumentos legales expuestos y la motivación aparente, no lo alcanzarían a él y a los otros gerentes del Servir de la sede central de la GRELL, debido a que se les asignó uniformes adquiridos en un proceso exclusivo para trabajadores del D.L. 276. Esta situación podría configurar los delitos de malversación de fondos y peculado doloso e involucraría directamente a los 4 funcionarios.
Para la consejera regional Mirtha Higa, este caso debería ser abordado por el Consejo Regional de La Libertad y el gobernador regional debería ordenar el inicio de acciones investigadoras.
Denunciados ante el OCI
Según la Relación de Entrega de Uniformes los 4 funcionarios del cuerpo de gerentes públicos del SERVIR, que cumplen cargos funcionales en la GRELL y que perciben remuneraciones que oscilan entre los 15 mil soles, 8 veces más de lo que gana un profesional en la mencionada gerencia; recibieron 2 ternos (de verano e invierno), 1 buzo, 2 corbata, 2 pares de zapatos, 2 billeteras, 4 camisas y 2 correas. Prendas y accesorios que tuvieron un costo total cercano a los 10 mil soles.
Manuel Ruiz, Secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores de la GRELL ha denunciado a los 4 gerentes públicos del SERVIR ante la Órgano de Control Interno de la GRELL. En el documento enviado a Lady Esparza Velasquez, titular del OCI, los acusa de incumplimiento de deberes funcionales y transgresión grave al Código de Ética de la Función Pública al haberse adjudicado un beneficio sindical que no les correspondía. En el ámbito penal podría haberse configurado los delitos de peculado doloso y malversación de fondos.
Ruíz Briones señala que el perjuicio económico sería mayor, debido a que los gerentes públicos del SERVIR, hicieron extensivo el beneficio de entrega de uniformes de verano e invierno a funcionarios y directivos de confianza de las ugeles e instituciones educativas.
Para ser exactos, la cadena de responsabilidades, según la denuncia, empieza en el director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la GRELL y se traslada hasta el también beneficiado director de la Oficina de Administración, Julio Sifuentes, quien tramitó el procesó de selección para la adquisición de uniformes y no impugnó que el listado de beneficiarios incluía a funcionarios, directivos, personal de confianza y gerentes públicos del SERVIR. El gerente regional de Educación, Oster Paredes, firmó el Oficio Múltiple N° 00024-2021-GRLL-GGR/GRSE-OAJ, de fecha 14 de junio de 2021, en la que notifica a las UGELs e II.EE. la opinión legal favorable para la entrega de uniformes para servidores de carrera, contratados por funcionamiento y cargos de confianza.
«Si ellos vienen a representar a SERVIR, están desacatando las propias normas emitidas por el órgano competente que es el SERVIR. Yo no sé por qué este señor (Jorge Sánchez Acosta) se aprovecha para inducir a la malversación de fondos al administrador de la GRELL (Julio Sifuentes Nicasio) y al gerente regional Oster Paredes, al cual hace firmar un oficio que hace extensivo el beneficio a todas las ugeles», refirió Manuel Ruiz Briones, secretario de organización del Sindicato de Trabajadores de la GRELL, al ser consultado sobre el caso.
«Ellos están para aplicar lo que manda la ley, ellos son funcionarios altamente capacitados, son funcionarios que han sido seleccionados dentro de los mejores y en lugar de traer una mejora a la gerencia regional, ellos permiten la corrupción, encubren los delitos, ellos hacen las cuestiones anormales», agregó.
En su acusación formal, el dirigente sindical pidió también que se investigue a Jobvito Elder Flores Mariños, Jorge Luis Choque Mamani y a Saúl Hernández Herrera Díaz, directores de la Oficina de Administración, Gestión Institucional y Asesoría Jurídica de la UGEL 03, respectivamente. Además, pide que Raimundo Josue Mendoza Valderrama y Fernando David Alcedo Valderrama, el primero responsable de la Oficina de Patrimonio de la GRELL y el segundo abogado de Apoyo a la Secretaría Técnica del PAD del SERVIR de la GRELL, sean convocados como testigos del caso.
El abogado Alfredo Galindo señaló que los hechos denunciados deberían ser investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, debido a que existen indicios de la presunta comisión del delito de peculado doloso.
«Aquí el funcionario público se habría apropiado o utilizado de cualquier forma para si o para otro caudales o efectos cuya custodia le están confiados por razón de su cargo. Esta conducta más se adecuaría a peculado doloso», señaló.
Antecedentes en Contraloría
La Contraloría General, en el Informe de Auditoria N° 008-2017, sobre otorgamiento de beneficios, obtenidos por pacto colectivo, a funcionarios de la sede central del Gobierno Regional de La Libertad; declaró ilegal la entrega de bolsas de alimentos y uniformes al personal de confianza y recomendó, al entonces gobernador Luis Valdez, que se inicie un proceso administrativo sancionador contra los funcionarios y servidores que hicieron extensivo a funcionarios de confianza, los beneficios del pacto colectivo del año 2016.
Para el órgano fiscalizador se vulneró el Artículo 42 de la Constitución Política del Perú, referente a los derechos de sindicación de los servidores públicos, así como el Artículo 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, referido al principio de legalidad, y el literal i) del artículo III y el Artículo 40 de la Ley del Servicio Civil, referido a los principios de probidad y ética pública y los derechos colectivos del servidor civil.
Otro pronunciamiento de la Contraloría va en la misma línea. El Informe de Auditoria N° 019-2017-2-5342, sobre el procedimiento para pagos derivados del Decreto de Urgencia N° 037-94, proceso de contratación en la Oficina de Abastecimiento y Adquisición de bolsas de alimentos y determinación de beneficiarios; investiga la entrega de bolsas de alimentos para los funcionarios de confianza de la GRELL, en los años 2015 y 2016, como parte de los acuerdos derivados del pacto colectivo del 2015; y los declara ilegales. Además, responsabiliza directamente a los jefes de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Oficina de Administración de hacer extensivo un derecho sindical a funcionarios de confianza.
Macronorte intentó recoger los descargos del gerente regional de Educación, Oster Paredes, sin embargo, no contestó a nuestras llamadas.
BASES_UNIFORMES_2021_20210423_222700_320 by Andres Vargas Chávez on Scribd
