En declaraciones públicas el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, ha intentado minimizar el Informe de Auditoria N° 020-2021-2-5342-AC de la Contraloría General de la República, estudio técnico en el que se ha confirmado la comisión de serías irregularidades en el proyecto de inversión privada Virú Mar.
La autoridad regional ha dicho medias verdades o mentiras completas sobre el contenido del mencionado documento, las cuales vamos a aclarar en esta nota.
Llempén Coronel ha señalado que «Contraloría encontró negligencias administrativas« y » Estuvimos reunidos (con Contraloría) y nos explicaron de las observaciones encontradas, son de carácter administrativo».
Sin embargo, es necesario precisar que el informe de la Contraloría sí señala que un grupo de funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Regional de La Libertad tendrían responsabilidad penal. Entre ellos están: los exfuncionarios Jesús Torres Saravia (Administrativa y Penal), Carmen Rosa Canchis Coppola (Administrativa y Penal), Giuliana Tirado García (Administrativa y Penal) y los funcionarios Nelson Lozano Chávez (Administrativa y Penal) y Maritza Hurtado Castro (Administrativa y Penal), gerente regional de Asesoría Jurídica y gerente general adjunta de la actual gestión regional.
«Aquí en este informe que hemos emitido sí se ha identificado responsabilidad penal. Tenemos los elementos suficientes para determinar que han habido infracciones administrativas y penales. Será el procurador el que defenderá los intereses del Estado y la procuraduría general de la Contraloría y la Fiscalía será la encargada de deslindar en la vía jurisdiccional penal», señaló en conversación con Macronorte, el titular de la Contraloría General de La República en La Libertad, David Quiroga Paiva.
«Según el informe de Contraloría no especifica, ni identifica ningún acto de corrupción» ha manifestado el gobernador a los medios de prensa, cuando el pasado miércoles le preguntaron sobre los resultados del informe de auditoria.
Sobre este punto se de aclarar que los informes de la Contraloría General de la República no tienen como objetivo dictaminar si hubo o no hechos de corrupción en los casos que investigan, eso es función jurisdiccional del Ministerio Público y el Poder Judicial. Ningún informe de control especifica actos de corrupción porque simplemente esa no es su función.
«La Contraloría no es el titular de la acción penal, eso es importante aclarar. Yo tengo indicios dentro de la vía administrativa, yo veo documentos, veo papeles. Lo que hace el auditor es contrastar las normas aplicables con la realidad, es decir; con todos los documentos que se acopian dentro del trabajo y sobre ello identificar si esto es una responsabilidad administrativa o tiene indicios razonables de un delito. Yo no soy el titular de la acción penal. El titular de la acción penal es el Ministerio Público», precisó el contralor Quiroga Paiva.
De otro lado, el gobernador aún no ha respondido por la situación de su gerente general adjunta, Maritza Hurtado, y el gerente regional de Asesoría Juridíca, Nelson Lozano Ibánez, a quienes en el informe de la Contraloría se les asigna responsabilidad administrativa y penal. Al parecer, ambos siguen gozando de su entera confianza.
