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Durante el Megaoperativo de Control en La Libertad, la Contraloría General detectó pagos en exceso y la inaplicación de penalidad por la falta de permanencia de personal clave en el mejoramiento de los servicios recreativos y deportivos de un parque de la urbanización San Andrés, situación que ha ocasionado un perjuicio económico superior a los S/ 109 mil en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera.

La obra de mejoramiento de los servicios recreativos y deportivos del parque Marcos Calderón fue adjudicada al Consorcio San Andrés, integrado por las empresas KYAMAR Obras y Servicios Generales SAC, DIC Contratistas Generales SAC y Costaselva Arquitectura e Ingeniería SAC.

Según el Informe de Control Específico N.º 025-2021-2-0424-SCE, la comisión auditora comprobó la falta de permanencia del residente de obra y la ausencia del ingeniero de seguridad de obra. Cuatro funcionarios tienen presunta responsabilidad civil y/o penal en estos hechos.

De acuerdo a las indagaciones realizadas, el residente de obra participó -en forma simultánea- en cuatro obras públicas: en la rehabilitación y restitución de la infraestructura de un colegio en Salaverry (noviembre de 2020 – febrero de 2021); en la rehabilitación de una avenida en Virú (noviembre de 2020 – enero de 2021); en la rehabilitación de un colegio en Chao (enero – febrero de 2021); y en el mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento básico en Condormarca – Bolívar (diciembre de 2020 – enero de 2021). En esta última obra fue acreditado como supervisor.

Para la comisión auditora no es factible que dicho profesional haya estado en forma permanente y exclusiva, como la Ley de Contrataciones del Estado lo exige, tanto en la obra de Víctor Larco Herrera como en las obras de Salaverry, Virú, Chao y Condomarca.

En el caso del ingeniero de seguridad de obra se comprobó que su relación contractual con el contratista fue solo para la elaboración del Plan de Seguridad de la Obra y el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 en el Trabajo; por lo tanto, no participó en la ejecución de la obra de Víctor Larco Herrera ya que, además, participó en una obra ejecutada por Sedalib S.A. (noviembre de 2020 – julio de 2021).

Por lo expuesto, la Contraloría General recomienda a su Procurador Público iniciar las acciones legales civiles contra los que actuaron como gerente de Obras y Desarrollo Urbano (Herman David Velásquez Cabrera), sub gerente de Obras y Proyectos (Martín Mendoza Carrillo) e Ingeniero I de la sub gerencia de Obras y Proyectos (Jorge Alex Chiquilín García). Asimismo, encomienda que el procurador público especializado en delitos de corrupción inicie las acciones legales penales contra el supervisor de la obra, Walter Michael Cabellos Sánchez.