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En el marco del Megaoperativo de Control, la Contraloría General detectó que la indemnización por pérdidas en la infraestructura hidráulica mayor e infraestructura eléctrica del canal madre, canales de integración y canales laterales del Proyecto Especial Chavimochic (PECH), ocurridas en el 2017 como consecuencia del Fenómeno del Niño, fue pagada en un plazo posterior a lo establecido en la póliza de seguro; lo que ocasionó un perjuicio económico a la entidad de S/2 132 250,68.

El Informe de Auditoría N.º 008-2021-2-0608-AC, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del PECH, detalla que el siniestro ocurrió por el desbordamiento de las quebradas de Ascope, Trujillo y Virú y por el deslizamiento de tierras (huaycos) en las zonas que comprende el PECH, ocurridas del 14 al 17 de marzo de 2017; y que tanto el adelanto del 50% como la liquidación final de la indemnización fueron pagados excediendo el plazo establecido en las bases integradas, propuesta técnica del postor ganador de la buena pro, contrato y póliza de seguro.

La aseguradora (consorcio) canceló el adelanto y el saldo final de la indemnización con 55 días y 101 días de retraso injustificado, respectivamente.

Asimismo, la constancia de prestación del servicio fue emitida a pesar de no haberse otorgado la conformidad a la prestación del servicio de seguro de obras públicas terminadas; y no se cauteló la renovación de la vigencia de la carta fianza ni se aplicó las penalidades por incumplimiento injustificado en la prestación del servicio e intereses moratorios por demora en el pago; transgrediendo con ello lo dispuesto en la Ley 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento; y la Ley 29946 – Ley de Contratos de Seguros, entre otras normas.

Para la comisión auditora, estos hechos fueron originados por quienes asumieron -desde marzo de 2017 hasta mayo de 2021- los cargos de jefe de la Oficina de Administración, de Abastecimiento y Servicios Generales, de Control Patrimonial; responsable de Abastecimiento y Servicios Generales, de Tesorería, del trámite de expedientes de pago del área de Abastecimiento y Servicios Generales; y cajero del área de Tesorería. En total son ocho los funcionarios y servidores públicos con presunta responsabilidad civil y administrativa.