Este jueves 13 de enero del 2022 se presentó una moción de interpelación contra el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, para que explique ante el pleno por las supuestas contrataciones irregulares en su sector.
La medida especifica que Ramírez Mateo debe responder por las presuntas irregularidades en la designación de funcionarios en su ministerio y del presunto uso indebido de bienes y recursos institucionales.
De acuerdo, al informe periodístico del programa Punto Final, emitido el reciente domingo 9 de enero, expuso que personas cercanas a Perú Libre fueron favorecidas irregularmente a través de reiterados procesos de evaluación hasta que lograron ocupar puestos de trabajo con perfiles a la medida.
Uno de estos casos, es el de Rocío Marlene Santibáñez Acosta, quien es directora de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas de la Dirección General de Calidad Ambiental. De acuerdo al informe dominical, ella fue parte del equipo técnico de Perú Libre en la campaña y postuló a los cargos de Asesora del despacho Ministerial y Asesora de Gestión Ambiental, pero no logró cumplir con los requisitos. Sin embargo, logró acceder a su puesto actual, tras enviar mensajes al exdirector de Recursos Humanos, Juan Carlos Castro Pinto.
Asimismo, Punto Final denunció el caso de Sherly Nataly Rojas Huerta, quien tendría ciertos privilegios en el Ministerio del ambiente (Minam), pese a no tener vínculo laboral en el citado ministerio. Rojas Huertas cuenta con un contrato con Profonanpe y tiene una oficina en el Minam y ha sido captada utilizando la movilidad y seguridad asignada al ministro del Ambiente. También se informó de los casos de Carlos César Pimentel Silva y Jaime Quispialaya Armas
“Sin tener vínculo profesional alguno con el Ministerio del Ambiente, realizó frecuentes visitas a su sede institucional desde el mes de agosto del 2021 y contaría con un espacio de trabajo contiguo al despacho ministerial, tendría a su disposición equipos del Ministerio e, incluso, Latina Noticias registró una ocasión en la cual se observa la presencia de un personal de seguridad del Estado en la puerta de su domicilio”, indica el documento.
En tanto, la moción de interpelación cuenta con 24 preguntas que Rubén Ramírez deberá responder si el pleno del Congreso lo aprueba.
