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El pasado 1 de febrero, Daniel Soria fue retirado del cargo de Procurador General del Estado. Sin embargo, para el exfuncionario, la resolución que lo destituyó del cargo carece de legalidad debido a que solo se basa en una disposición transitoria de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el de no haber ejercido la defensa jurídica del Estado, argumento que no tendría base legal debido a que la Procuraduría General del Estado se regula por una norma del mismo rango.

“La resolución es ilegal desde mi punto de vista. Puedo tomar acciones para que esa ley sea declarada como tal, ilegal, en el Poder Judicial. Eso lo estoy evaluando, pero lo que queda claro es que esa resolución ha sido expedida por el presidente de la República y el ministro de Justicia (Aníbal Torres)”, refirió en aquella oportunidad.

En esa línea, Soria Luján presentó una demanda de amparo ante la Corte Superior de Justicia, a fin que se anule o se deje sin efecto la resolución N°024-2022-JUS, que dio por finalizada su designación en el mencionado cargo.

“Interpongo demanda constitucional de Amparo Conde presidente de la República y el ministro de Justicia y Derechos Humanos por el acto lesivo de removerme del cargo de Procurador General del Estado contra el interés público, la autonomía de la Procuraduría General del Estado y en afectación a mis derechos fundamentales”, señala el oficio.

Además, el exprocurador solicita que se exhorte al presidente de la República y al ministro de Justicia a que se abstengan de incurrir nuevamente en conductas infractoras de la Constitución.

Como es de conocimiento público, Daniel Soria en su condición de Procurador General del Estado y en el marco de sus funciones, formuló el 17 de diciembre de 2021 una denuncia contra el presidente Pedro Castillo por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, antes las irregularidades advertidas en la licitación pública del puente Tarata III, situación que le habría ocasionado ser destituido.