El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) se mostró en contra del proyecto que fue aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso, que propone que los periodistas puedan ser condenados con prisión por informar sobre testimonios de colaboradores eficaces en investigaciones del Ministerio Público.
El instituto enfatizó que la iniciativa aprobada por el grupo de trabajo presidido por la parlamentaria de Alianza Para el Progreso, Gladys Echaíz, incluye la criminalización del trabajo periodístico al punto de hacer posible sancionarlos por informar basándose en acusaciones. Asimismo, indica que la información publicada de este tipo (colaboración eficaz) en su mayoría proviene de fuentes confidenciales y tienen interés público, lo que protege su difusión con el derecho a la libertad de información.
“El IPYS entiende la importancia de mantener la reserva de los procesos investigativos en la justicia, pero el eventual castigo de la violación de esta reserva debe dirigirse a quienes están obligados a protegerla y no al mensajero periodístico”, se lee en el pronunciamiento.
De otro lado, se destacó también que ninguna investigación fiscal ha establecido responsabilidades por la violación de la reserva de procesos de colaboración eficaz pese a los cuestionamientos reiterados contra esta figura jurídica.
“La reserva de las investigaciones no debería ser total sino caso por caso, y no se debería castigar las filtraciones per se, ni siquiera las interesadas o parciales, sino aquellas que generen un daño demostrable a los objetivos del proceso o la seguridad de los investigados”, subrayó el IPYS.
En tanto, el Ministerio Público rechazó la aprobación de este dictamen, pues no se están considerando las opiniones técnicas formuladas por la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además, que atenta contra la lucha anticorrupción y del crimen organizado.
“La colaboración eficaz es una herramienta fundamental para investigar el crimen organizado y los delitos graves, porque permite destruirlo desde dentro con medidas disuasivas o de recompensas. De aprobarse su modificación, favorecería la impunidad”, puntualizó la Fiscalía.
Foto: Félix Contreras
