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Julio Ernesto Pacheco Marchena, jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de La Libertad (GRLL), Alexander Joel Ticlia Vásquez, jefe de la Comisión de Control a la UGEL N° 04-TSE, Deisy Margaret Obeso Samanes, supervisora de la Comisión de Control a la UGEL N° 04-TSE y Anibal Wilfredo Vereau Aguilar, especialista de la Comisión de Control a la UGEL N° 04-TSE, fueron denunciados por abuso de autoridad e incumplimiento de actos funcionales al observar el pago por concepto de «Bonificación Mensual por Preparación de Clases y Evaluación» equivalente al 30% de la remuneración total integra a los profesores de esta región.

Los integrantes de la OCI del GRLL participaron en la elaboración del Informe de Control Especifico N° 022-2021-2-5342-SCE denominado «Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación en UGEL N° 04-TSE» en la que se detectó un presunto perjuicio económico de S/ 301,952.41 y el riesgo potencial por monto pendiente de pago de S/ 211,096.56. El referido documento observa que los pagos realizados a 17 docentes se hayan efectuado teniendo en cuenta el 30% de la remuneración total, es decir, tomando como base de cálculo todos los conceptos remunerativos consignados en las boletas de pagos mensuales de los docentes. Para los auditores se tuvo que haber excluido los bonos por decretos de urgencia, decretos supremos y otros conceptos remunerativos excepcionales. Sin embargo, la polémica propuesta del OCI infringiría varios pronunciamientos judiciales.

La denuncia planteada por el profesor Leopoldo Rojas Saldaña señala que «en base a lo dispuesto y ordenado por el Poder Judicial en diferentes sentencias y dictámenes judiciales, en donde los magistrados reconocen el pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra, en ninguna de las partes de los considerandos o parte resolutiva de las sentencias dan a conocer la exclusión de conceptos, rubros y/o bonificación que no forme parte de la remuneración total del docente, más aun hacen hincapié a lo establecido por el artículo 48° de la Ley del Profesorado, modificada por el artículo 1° de la Ley N° 25212 “El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación al 30% de su remuneración total”, por lo que este criterio debe ser de observancia obligatoria para todas las instancias judiciales».

Lo propuesto por la OCI del GRLL resultaría siendo un notorio exceso y podría tipificarse como un delito de abuso de autoridad, según el denunciante, debido a que buscaría crear nuevos criterios en la contabilización del pago de la bonificación por preparación de clases pasando por encima del ya establecido por el mandato judicial.

El denunciante informa al personal de la Contraloría que la «Casación N° 12006-2013-Lima establece que el Ingreso Total Permanente está conformado por el total de los ingresos percibidos por el trabajador, esto es, remuneración total (que incluye a la remuneración total permanente, entre otros) más aquellas asignaciones otorgadas por los Decretos Supremos N°. 211, 237, 261, 276, 289-91-EF, 040, 054-92-EF, N° 021-PCM-92, Decreto Leyes N° 25458 y 25671, así como cualquier otra bonificación o asignación especial, excepcional o diferencial percibida en forma permanente a través del Fondo de Asistencia y Estímulo u otros fondos, ingresos propios o cualquier otra fuente de financiamiento».

Además sostiene que la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio de la Corte Suprema en la Casación N° 9887-2009-Puno, de fecha 15 de Diciembre de 2011, ha señalado que la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación debe ser calculada tomando como base la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48° de la Ley N° 24029 Ley del Profesorado modificada por la Ley N° 25212, concordante con el artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado) y no sobre la base de la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. En esa misma línea opinó la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio de la Corte Suprema, en la sentencia del 01 de Julio de 2009, recaída en la Casación N° 4355-2008-Arequipa.

La jurisprudencia que contradice a la Contraloría sería amplia. De igual manera, las sentencias judiciales de los docentes que han acudido al Poder Judicial para el pago de su bonificación por preparación de clases, la justicia ha dictaminado que esta se calcula en base a la remuneración total o integra de los maestros.

En cuanto al interés monetario generado por el incumplimiento del pago de un bono o cualquier otro beneficio por parte del Estado, también ha quedado firme bajo la Casación N° 5128-2013-Lima, de 18 de septiembre de 2013, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.

«Se ha equivocado la gente de Contraloría con lo que viene queriendo hacer. Aquí no estamos hablando de pagos indebidos, aquí no estamos hablando de pagos fantasmas. Aquí hay que ser claros, Contraloría está desconociendo el pago que se está haciendo a los maestros de un proceso judicializado. Lo que ellos quieren hacer es que a los maestros que se les tiene una deuda, que el Estado les reconoce que es de 70 mil soles, Contraloría quiere que se les pague la mitad, de acuerdo a lo que ellos han interpretado», señaló Lourdes Vásquez, secretaria regional del Sutep – La Libertad.

La dirigente sindical informó que solicitarán ante las instituciones que correspondan, que el jefe regional de la Contraloría General de la República y los integrantes del OCI del GRLL sean sancionados por observar el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, en base a la remuneración total del docente.

«Se debe llamar la atención al contralor de la región porque se supone que debe ser una persona erudita en la materia y debe tener a su costado a los mejores asesores legales y tiene que saber interpretar bien las normas, no tratando de vulnerar un derecho», señaló la representante del gremio docente más importante de La Libertad.

Integrantes del Órgano de Control Interno del Gobierno Regional de La Libertad son sindicados por presuntos excesos.

La denuncia presentada ante el despacho de varios congresistas de la República, también involucra a los auditores del OCI de la GRELL, Francisco Mauro Castillo Flores, jefe de la Comisión de Control a la UGEL Ascope; y Jorge Alfonso Galarreta Moreno, Supervisor de la Comisión de Control a la UGEL Ascope, quienes evacuaron el Informe de Control Específico N° 001-2022-2-5342-SCE, que cuestionó el pago a 12 docentes por concepto de preparación de clases y evaluación usando los mismos criterios aplicados a los pagos realizados en la UGEL N° 04-TSE. En este caso los especialistas de la Contraloría sostuvieron que se causó un perjuicio económico de S/ 301,952.41 y un riesgo potencial de S/ 211,096.56.

En el plano administrativo tampoco habría mucho que analizar, el Gobierno Regional de La Libertad, a través del Decreto Rgional N° 005-2014-GRLL-PRE, reconoció que el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación se realizaba en base a su remuneración total integra. Este pronunciamiento se dio durante la gestión de José Murgia, en la presidencia del Gobierno Regional de La Libertad.

Decreto Regional Nº 005-2014-GR-LL-PRE (1) (1) by Andres Vargas Chávez on Scribd

«No es que quisiera yo ofender a Contraloría General de la República, pero observo que muchos de sus servidores son egresados recientes de las universidades y le pediríamos a Contraloría que contrate a profesionales con más experiencia. Considero que los cálculos que han realizado los especialistas de las diferentes ugeles son correctos», sostuvo el decano del Colegio de Profesores de La Libertad, Luis Ramírez.

Además, Ramírez Gálvez advirtió que los informes de la Contraloría podrían paralizar por varios meses el proceso para el pago de la bonificación por preparación de clases a un gran grupo de docentes, los que recurrieron al Poder Judicial y los que se allanaron a la vía administrativa, debido a que los funcionarios de algunas ugeles esperarán a que la polémica pueda aclararse.

«Probablemente se va a suspender hasta que esta controversia se pueda resolver, pero va a afectar a muchos profesores por su cálculo que ellos van a realizar a partir de esta observación de la Contraloría», precisó.

Los dos informes del OCI han generado un rechazo unánime en los gremios docentes de la región La Libertad, cuyos representantes señalan una afectación a los derechos de la totalidad de los profesores, algunos funcionarios de las ugeles de la región han calificado como un exceso los pronunciamientos de la Contraloría.

La denuncia ha sido enviada a los despachos de los congresistas Guillermo Bermejo, Américo Gonza, Víctor Flores Ruiz, Roberto Chiabra, Patricia Chirinos, Gladys Echaíz, Enrique Wong, Janet Rivas, Jorge Montoya, Alejandro Cavero, Pasión Dávila y Martha Moyano.

El Informe de Control Especifico N° 022-2021-2-5342-SCE observa pagos en la UGEL N° 04 – TSE.