La oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad demandó a la Gerencia Regional de Educación brindar el apoyo necesario que requiere la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Otuzco, para la implementación inmediata de la secretaría técnica de dicha entidad. De esta forma, se busca agilizar la evaluación de las denuncias que han sido interpuestas contra docentes de distintos planteles, muchas de las cuales habrían prescrito.
En una intervención efectuada a la UGEL Otuzco, personal de la sede defensorial de La Libertad pudo advertir que la secretaría técnica de dicha entidad no viene funcionando desde 2019, antes del inicio de la pandemia. Al solicitarse información específica, se pudo detectar que existen 31 denuncias de carácter administrativo contra docentes de planteles educativos de Otuzco que no han sido investigadas en su totalidad.
Según se conoció, la mayoría de las denuncias se refieren a casos de abandono de cargo, vulneraciones al código de ética, hostigamiento laboral, pérdida de equipos de cómputo e incumplimiento de obligaciones y deberes en el ejercicio de la función docente, entre otras, las mismas que estarían quedando impunes pese a tratarse de casos graves que atentan contra el derecho a la educación.
Tras conocer esta situación, el jefe de la Oficina Defensorial de La Libertad, José Luis Agüero, pidió a la Gerencia Regional de Educación evaluar la posibilidad de que se firme un convenio con la UGEL Otuzco para que brinde apoyo a dicha entidad en las funciones de secretaría técnica, en tanto demoren los trámites para la contratación de quien deba dirigir esta área.
Según explicó el representante de la Defensoría del Pueblo, la urgencia de la medida radica en la importancia de investigar las denuncias que han sido interpuestas contra diversos docentes de la provincia de Otuzco, antes de que estas prescriban.
Como parte del pedido, se solicitó a la UGEL Otuzco un informe pormenorizado de todas las denuncias que han prescrito hasta el momento. Además, Agüero pidió la intervención del Ministerio Público para que investigue presuntos indicios de delitos que habrían sido cometidos por docentes, así como determinar la responsabilidad penal del personal de dicha entidad que habría permitido que dichas denuncias prescriban.
